FÚTBOL

Los ‘agujeros negros’ de la Federación de Fútbol llegan al Congreso

Por Alejandro G. Nieto3 min

Deportes26-11-2006

A Ángel María Villar no le salen las cuentas. La Federación Española de Fútbol (RFEF) debe explicar a qué destinó 23 millones de euros que percibió de los fondos públicos y cuya misteriosa utilización ha provocado las sospechas del Tribunal de Cuentas. Éste presentó en el Congreso de los Diputados las múltiples irregularidades que ha hallado en la gestión de las subvenciones y, ahora, el fiscal de la Sección de Enjuiciamiento deberá decidir si existen causas penales.

Ubaldo Nieto, presidente del Tribunal de Cuentas (TC), llevó al Congreso las conclusiones del informe sobre la financiación pública de la RFEF en el bienio 2002-2003. Los documentos recogen un total de quince casos que evidencian irregularidades en la justificación de gastos y falta de control de las subvenciones concedidas al organismo futbolístico. En total, la Federación recibió 23 millones de euros cuya utilización ofrece más luces que sombras. En primer lugar, el informe destaca el caso de la construcción de dos campos de fútbol en Tenerife en los que la subvención recibida no se corresponde con el coste real de la obra. Algo similar sucede con el campo de Cortijo Alto en Málaga, en el que sólo se justificaron 241.155 euros de los 366.646 que supuso su construcción. El informe también presenta las incógnitas de dónde fueron a parar 318.610 euros de los 519.954 que costó la casa de España o 36.566 de los 37.000 que se iban a conceder como primas en el partido contra Portugal de la Eurocopa 2002. Ésta cantidad sobrante se utilizó para rellenar el agujero del Mundial de Corea y Japón, que excedió la cuantía inicial. Para justificar el gasto de tales cantidades, el Tribunal de Cuentas revela cómo la Federación duplicó facturas y presentó gastos ficticios. Así, hay facturas repetidas que el máximo estamento del balompié presenta como ayudas a la Liga juvenil, al fútbol femenino, a la Tercera División y a la Segunda B. En suma suponen más de dos millones de euros. Además, existen 1,7 millones destinados a pagar derechos de imagen a los internacionales que también están sin justificar. En cuanto a la selección nacional, el TC resalta que la RFEF utilizó el dinero público para remunerar a los jugadores, algo prohibido por la legislación española, que sólo permite pagar a deportistas en función de los objetivos conseguidos. Otro de los quince casos que recoge la investigación es el de varias subvenciones a clubes en las que no se especifica el equipo benefactor. También está el misterio de la Ciudad Deportiva de las Rozas, que aumentó su presupuesto inicial casi 20.000 euros. Además, la constructora a la que se adjudicaron las obras, ACS, la cedió a Dragados, lo que viola la normativa del Comité Superior de Deportes (CSD). Por último, el informe recoge montantes sin justificación para el fútbol base; las selecciones territoriales femeninas; tres viajes, a Guatemala, Guinea y al Mundial Universitario de fútbol sala; amén de un pago de más de 300.000 euros a Televisión Española, cuyo cargo a los gastos públicos es ilegal. La información sobre todas estas irregularidades pasará ahora a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, que deberá decidir si existe delito. Tanto a la Federación, por el dinero desparecido, como al CSD, por certificar las cuentas y por falta de control, podrían hallárseles responsabilidades penales en el asunto. La subvención pública supone un diez por ciento de la financiación de la RFEF. El CSD congeló estas ayudas, que proceden de los presupuestos generales del Estado y de la Quiniela, cuando en 2003 surgieron las dudas sobre la gestión de los mandatarios del fútbol.