MEMORIA HISTÓRICA

El Ejecutivo pretende eliminar sólo los símbolos franquistas pese a su Ley

Por Alejandro Requeijo3 min

España28-07-2006

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado del propósito inicial de crear una Ley de Memoria Histórica a la elaboración final de un proyecto para el “Resarcimiento a las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo“. Entre ambos títulos, hay más de año y medio de reuniones, trabajos y debates cuyo resultado definitivo ha generado más críticas que aplausos.

El Gobierno aprobó definitivamente el Proyecto de Ley por el que se “reconocen y amplían derechos, y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”. De este modo fue presentado lo que en un principio se anunció como la Ley de Memoria Histórica. Tras el último Consejo de ministros del año, la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, hizo públicas algunas de las características de este Proyecto de Ley modificado que ahora será remitido al Congreso de los Diputados para ser debatido. De la Vega, que ha sido la encargada de encabezar los trabajos referentes a esta iniciativa, destacó que la intención del Ejecutivo socialista ha sido “mirar al futuro con concordia” y “conciliación“. Pese a las palabras de la vicepresidenta, el texto promete polémica. El apartado más complejo y en el que el Ejecutivo tendrá una importante autonomía es el que afecta a los símbolos. El articulado del proyecto obliga a la retirada de escudos, letreros o estatuas públicas que “exalten a uno de los dos bandos de la Guerra Civil o se identifiquen con el régimen instaurado en España a su término”. Según esto, todos los símbolos, tanto franquistas como republicanos, deberían ser retirados. El Gobierno no ha elaborado una lista con los monumentos afectados por la medida. Sin embargo, tanto en público como en privado, desde el Ejecutivo no han ocultado su intención de eliminar todos los símbolos que hagan referencia a la dictadura, no así aquellos relacionados con la República. Reconocimientos e indemnizaciones El Proyecto de Ley pretende además dar a luz a un Consejo formado por cinco notables de “reconocido prestigio” y elegidos por el Parlamento que se encargarán de conceder “declaraciones de reparación y reconocimiento personal” a las victimas que lo soliciten. No obstante, esta reparación no reportará efectos jurídicos ni económicos a sus receptores y deberá ser evaluada por una comisión interministerial. Según hizo público el Gobierno, esta Ley ampara a todos aquellos que “padecieron persecución y violencia, por razones políticas, étnicas o sexuales“. Es decir, se incluye también a los homosexuales o las víctimas de la matanza de Paracuellos. Quienes sí recibirán pensiones económicas serán los familiares de las víctimas. Esta media responde, entre otros aspectos, a la ampliación del ámbito de aplicación de la ley de 1979 por la que se reconoce el derecho de pensión de los familiares de las víctimas de la Guerra Civil. En total se estiman en torno a 2.200 beneficiarios para los que se destinará una cantidad cercana a los 20 millones de euros de la memoria económica del proyecto, que asciende a un total de 60 millones. Estos y otros puntos deberán ser debatidos ahora en el Congreso de los Diputados donde el proyecto no parece que vaya a tener muy buena acogida. Tanto desde el principal partido de la oposición como desde algunos socios del Gobierno socialista ya han mostrado su rechazo al articulado final. Dos de los principales impulsores de la iniciativa, ERC e IU ya han anunciado su intención de interponer una enmienda a la totalidad del texto. Ambas formaciones de izquierdas lo consideran insuficiente y fijan sus reticencias en dos puntos especialmente. En primer lugar se muestran contrarias a que el proyecto no promueva la exhumación y localización de los cadáveres de las víctimas de la guerra y por otro lado que no se haga una revisión de los procesos judiciales franquistas. Por su parte, desde el Partido Popular se aferran a la idea que esta iniciativa “divide” a los españoles.