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MEMORIA HISTÓRICA

El Ejecutivo perfila la Ley sin el apoyo definitivo de sus socios

Por Alejandro RequeijoTiempo de lectura2 min
España21-07-2006

Se han cumplido setenta años del alzamiento militar que derivó en la guerra civil española. Los recuerdos de aquella dura contienda y el régimen que la continuó permanecen incrustados todavía en la memoria de muchos españoles. Ahora, tras tres décadas de democracia, una ley destinada a condenar y reconocer distintos capítulos de aquella etapa también va camino de convertirse en una de las propuestas más enrevesadas y polémicas de la legislatura.

La iniciativa de elaborar una Ley de Memoria Histórica nació con el apoyo unánime del Congreso de los Diputados. No obstante, los primeros detalles ofrecidos por el Gobierno no han convencido ni a la oposición ni a algunos socios del Ejecutivo socialista. Desde el Partido Popular (PP) creen que reabrirá heridas mientras que desde las formaciones de izquierda consideran el articulado insuficiente. El texto esta siendo todavía objeto de debate en la comisión encargada de elaborarlo, un equipo de trabajo encabezado por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Por ello es más que posible que se retrase su aprobación definitiva. El objetivo del Gobierno era remitir la Ley al Parlamento con motivo del aniversario del alzamiento militar de julio de 1936. El proyecto está compuesto por tres fases: un informe general, un análisis de la situación de los archivos y su accesibilidad y un proyecto de ley. Por su parte, el objeto de estudio ha sido la Guerra Civil, la dictadura franquista y el inicio de la Transición democrática. Según fuentes de La Moncloa, la idea ha sido ha sido evitar juicios políticos o históricos. No obstante las desavenencias llegarán por otro lado. Desde IU y ERC se muestran contrarios a que el texto no incluya una revisión de los procesos sin garantías del franquismo. Este punto hace peligrar el apoyo de ambas formaciones a esta Ley de Memoria de Histórica. Aun así, el mayor punto de controversia es aquel en el que se recomienda la retirada de los símbolos que hagan apología o exaltación de uno de los dos bandos. En esta parte se incluyen los más de mil símbolos, nombres de calles, plazas o avenidas que, todavía hoy, hacen alusión a la dictadura. Tampoco se olvida de las estatuas o los monumentos, entre ellos el más emblemático, el Valle de los Caídos que sirve de panteón de Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Desde la Moncloa aseguran que la Ley no persigue alterar las tumbas de ambos personajes si no reconocer la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil