JUVENTUD

El Gobierno, dispuesto a unificar la legislación antibotellón

Por Lucía E. González2 min

Sociedad18-03-2006

Años después de que la polémica Ley Antibotellón fuese aprobada en el Congreso, el macrobotellón convocado el pasado fin de semana en más de 15 ciudades españolas reabre el debate en la sociedad. Detractores a este fenómeno social y asiduos al botellón enfrentan opiniones por una legislación que llegó a decretarse en ocho comunidades autónomas.

Dicha legislación fue una respuesta a un problema social que generaba desorden público y preocupación en materia sanitaria. El problema ha vuelto a saltar con fuerza a los medios de comunicación como consecuencia de los macrobotellones convocados en más de 15 ciudades españolas. La respuesta a la cita fue en todos los casos multitudinaria. Sin embargo, no en todas las comunidades autónomas los ayuntamientos iban a permitir tal concentración. En ciudades como Barcelona o Madrid, donde la legislación vigente prohíbe la práctica del botellón en la vía pública, el despliegue policial impidió el acceso de los jóvenes a los puntos de encuentro, por lo que el debate social volvía a reabrirse. Por su parte, el Gobierno, dispuesto a adoptar medidas legales para impedir que estas macroconcentraciones vuelvan a sucederse, ha expresado, al margen de los problemas de seguridad y de salud pública de estos macrobotellones, su preocupación por las diferentes interpretaciones legales de cada comunidad y ayuntamiento en torno a este fenómeno. El objetivo es unificar criterios, mejorar la coordinación entre administraciones e impedir el acceso de menores al alcohol. En lo que respecta a materia estrictamente sanitaria, las propuestas para reducir el consumo entre los jóvenes incluyen medidas más estrictas en las limitaciones de la publicidad del alcohol. Otro grave problema es la disparidad de criterios en torno a la edad mínima para consumir bebidas alcohólicas. En la actualidad hay dos comunidades, Castilla y León y Asturias, que permiten su consumo a partir de los 16 años, aunque la primera ya ha expresado su disposición a sumarse al tope de 18 años que impera en el resto de España. Además, el Gobierno se está planteando también el endurecimiento de las sanciones para aquellos que suministren o ayuden a suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad, grupo al que pertenecen la mayoría de quienes participan en los botellones.