ASUNTOS SOCIALES

La prostitución se debate en el Congreso

Por Lucía E. González2 min

Sociedad11-02-2006

Un nuevo debate salta esta semana al Congreso. La prostitución, una actividad considerada hoy día como alegal, abre este martes una nueva polémica social que será discutida en el Congreso. Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) respaldan la creación de una comisión de la Cámara que estudie la cuestión sobre como abordar el sexo de pago en España.

Organizaciones sociales y sindicales han encendido mecha ante una nueva cuestión: la prostitución. La iniciativa catalana de regular esta práctica voluntaria, y la posterior crítica a esta por parte del Instituto de la Mujer suscitaban la polémica y alentaban el debate hace unos días. Sin embargo, la cuestión ya está en manos del Congreso. Tanto el Gobierno como la oposición prevén votar el martes a favor de una moción de Izquierda Verde para que la Cámara estudie cuál debe ser el tratamiento a la prostitución. El objetivo es que la Comisión Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, o una subcomisión específica, convoquen a expertos y debatan la situación antes de emitir, como tarde en junio, un dictamen con las medidas que se proponen al Gobierno. No obstante, el Instituto de la Mujer no ha reparado en emitir juicios en contra de la regulación de esta actividad llevada a cabo por la Generalitat. En su borrador del anteproyecto de Ley de Limitación de Servicios Sexuales Remunerados, la Generalitat promociona la autogestión de las prostitutas. Según este, su relación con el cliente se considerará como un contrato de arrendamiento de servicios en el que podrán contratar con los dueños de los burdeles el uso de esas instalaciones, aunque los propietarios no podrán imponerles por ejemplo, a qué clientes deben atender. Por ello, el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha emitido ya un duro informe contra esta iniciativa legislativa. Asegura que la prostitución es "una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democrática" y que su regulación supone "un retroceso en el camino a la igualdad". Por su parte, el planteamiento del Gobierno de Rodríguez Zapatero es que, antes de entrar a abordar cómo se considera la prostitución voluntaria, es preciso combatir la forzada. El Ministerio del Interior prepara un plan de lucha contra las mafias que trafican con mujeres. Además, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha anunciado que se estudia la concesión de un salario social (renta activa de inserción, 432 euros mensuales durante un máximo de 11 meses) a las prostitutas que quieran dejar esa ocupación.