TERRORISMO

ETA atenta de nuevo con una furgoneta bomba en Navarra

Por Mía Martínez2 min

España25-12-2005

Las palabras y promesas parecen diluirse en el aire al tiempo que las acciones de la banda terrorista ETA continua atemorizando con sus detalles explosivos que recorren zonas españolas. ETA volvió a colocar un artefacto que contenía 50 kilos de explosivos en los alrededores de la discoteca Bordatxo, de Santesteban (Navarra).

Este ataque se produce sólo cuatro días después de la última acción de la banda contra la empresa alimenticia guipuzcoana, Angulas Aguinaga. El delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, informó de que la explosión de la furgoneta bomba, a las puertas del local, causó daños estructurales en un caserío contiguo a la discoteca así como en el propio establecimiento que deberá ser derruido. También afectó a 15 viviendas cercanas, a cinco locales comerciales, a un centro de salud, una oficina de correos, un colegio público, dos bajeras y un garaje. El diario Gara fue avisado de la colocación de la bomba 75 minutos antes de la explosión, lo que evitó daños personales. Sin embargo las autoridades judiciales españolas también siguen adelante con sus labores de persecución a la banda armada. La Audiencia Nacional ha condenado a Orkatz Gallastegi Sodupe a 26 años de prisión por haber facilitado información a ETA para asesinar al magistrado José María Lidón. El tribunal considera haber probado que Gallestegi recogió información sobre horarios habituales, itinerarios y medidas de seguridad de Lidón. El 7 de noviembre de 2001, el magistrado fue asesinado por los miembros del “comando Vizcaya” de ETA, Hodei Galárraga y Egoitz Gurruchaga, que murieron en 2002 en Bilbao al estallar un artefacto mientras lo manipulaban. Por otra parte el juicio contra doce miembros de los GRAPO que fueron detenidos en sendas operaciones policiales en julio y noviembre de 2002 se suspendió por la enfermedad de uno de los acusados. Según fuentes del tribunal, Aníbal Saugar, procesado en libertad provisional, padece una varicela que debe mantenerle en casa por prescripción médica. El fiscal habla de penas de entre 8 y 14 años de prisión para los acusados por delitos de organización terrorista, falsificación de documentos y tenencia ilícita de armas. Además el fiscal pretende la disolución del Partido Comunista de España reconstruido, considerada como la rama política de los GRAPO.