JUSTICIA

La renovación de las instituciones constitucionales, en suspenso

Por La Semana2 min

España04-10-2001

Aún no hay acuerdo. El lunes parecía que se había logrado. El PSOE aceptaba cambiar uno de los nombres propuestos para el Tribunal de Cuentas. El PP hacía lo suyo respecto al Consejo General del Poder Judical (CGPJ). Pero el acuerdo provocaba las críticas de los nacionalistas vascos y catalanes: el PNV no tenía representante el el CGPJ.

CiU no encontraba a ninguno de sus hombres en el Tribunal de Cuentas, un órgano importante para ellos por la repercusión que la jurisprudencia que de él emana tiene para la construcción del Estado de las Autonomías. El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzalluz, intentaba convertir la exclusión de su partido en argumento válido para justificar que sus diputados y Senadores abandonaran el Parlamento. Sus declaraciones hubieron de ser matizadas por su portavoz en el Congreso, Iñaki Anasagasti. Anasagasti, no obstante, había pronunciado también unas declaraciones que agudizaban la crisis entre nacionalistas y constitucionalistas. A los socialistas les decía que se "comieran con patatas" su "pacto excluyente", y tanto a socialistas como a populares, que el pacto "no es más que la demostración práctica del pacto PP-PSOE, que le llaman antiterrorista". El presidente del Gobierno, José María Aznar, pedía a los nacionalisyas vascos que se centraran en la lucha conta ETA y los acusaba de poner el práctica un "integrismo enloquecido", además de de dar argumentos a ETA en el momento en que el mundo se propone una "lucha diícilísima" contra el terrorismo. El secretario general del PSOE; José Luis Rodríguez Zapatero, negaba que la exclusión de los nacionalistas supusiera una batalla contra el nacionalismo. Desde Convergéncia i Unió, el conseller en cap del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, advertía de que "esta decisión no la podemos aceptar y tendrá consecuencias en nuestras relaciones con los grandes partidos catalanes". Las declaraciones de Rodrigo Rato que provocaron el malestar de los socialistas fueron unas vertidas en el Congreso, en las que acusaba al principal partido de la oposición de "chantaje" al condicionar la renovación de los órganos constitucionales a que el portavoz socialista en el Parlamento de Castilla y León, Jaime González, ocupara un puesto en la Comisión Nacional de la Energía. Previamente, Jaime González había sido retirado por el PSOE como candidato al Tribunal de Cuentas para lograr el acuerdo con el PP. El PSOE condicionó el apoyo final al acuerdo a que el Gobierno desautorizara a Rato. No era la primera vez que unas declaraciones del ministro provocaban la ira del PSOE y la ruptura de las negociaciones. Hace dos semanas, las conversaciones se paralizaban después de que Rato acusara a los socialistas de intentar "colocar" en estas instituciones a "ex ministros molestos para Zapatero". Quedan sin renovar, pues, los 20 miembros del CGPJ, los 12 del Tribunal de Cuentas y cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, a pesar de que, desde Francia, el presidente del Gobierno, José María Aznar, recordara la importancia y refrendara la validez del pacto.