JUSTICIA

El TC y la Audiencia Nacional polemizan por una sentencia

Por Antonio Pérez Vicente1 min

España13-10-2005

En 1999, el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, formuló una denuncia ante la Audiencia Nacional para que España pudiera investigar delitos de genocidio, crímenes, asesinatos, torturas y detenciones ilegales efectuadas presuntamente en Guatemala entre 1978 y 1986.

Como consecuencia de esa petición, el Tribunal Constitucional (TC) anunció el pasado 5 de octubre que la Justicia española tenía capacidad para juzgar ese tipo de delitos, aunque entre los afectados no se incluyeran víctimas españolas. A pesar de que la Audiencia Nacional ya investiga las posibles infracciones que tuvieron lugar en las dictaduras de países iberoamericanos como Argentina, Chile o Guatemala -así como durante la guerra civil de Ruanda-, este órgano declino asumir nuevas peticiones como la formulada recientemente contra algunos ex dirigentes chinos por el Comité de Apoyo al Tíbet. Con la nueva pronunciación del TC -que previamente había determinado como requisito la presencia de población española afectada en los conflictos-, quedaría invalidada tanto la resolución anterior del mismo órgano como la efectuada por la Audiencia Nacional. Asimismo, el Tribunal Supremo ha hecho público un informe en el que apunta que el TC emplea referencias erróneas al utilizar la legislación de otros países europeos para avalar su polémica decisión. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, buscó el consenso entre ambos órganos al afirmar que la decisión del TC es "esperanzadora" y destacó que eso "no significa que la Audiencia Nacional deba desbordarse y abarcar absolutamente todos los asuntos que puedan existir en el mundo". Por este motivo, abogó por interpretar el fallo "de manera razonable y justa". Conde-Pumpido también precisó que la Fiscalía examina la manera de buscar "un punto justo" para "determinar en qué casos hay que intervenir" para así poder garantizar la eficacia de la Justicia española. Además, el fiscal general recordó que la sentencia no vincula a los jefes de Estado y presidentes en ejercicio debido a las denuncias presentadas contra el dirigente cubano Fidel Castro o el máximo representante de Venezuela, Hugo Chávez.