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PORNOGRAFÍA INFANTIL

España coordina una de las mayores operaciones contra la pederastia en Internet

Fotografía
Por Alfredo López ZamoraTiempo de lectura2 min
Sociedad17-03-2005

La investigación comenzó en Pontevedra el 19 de enero. Un ciudadano avisó que a través de un chat público de habla hispana, Latin Lover, se distribuía pornografía infantil. La Guardia Civil comprobó la denuncia y se encontró con fotografías de contenidos altamente agresivos de menores de edad. Meses después se ha podido detener a 500 personas.

A través de Eurojust e Ibered, los organismos que coordinan las policías europeas e hispanoamericanas respectivamente, se localizaron más de 900 conexiones en España, Francia, Italia, Suecia, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay, una red por la que se han llegado a distribuir más de 20.000 artículos. Entre los materiales intervenidos en la operación cabe destacar numerosas cámaras de vídeo, CD, vídeos, fotografías, archivos MP3, al igual que gran cantidad de documentación que será analizada para esclarecer al máximo las conexiones y realizar más detenciones. De los quinientos detenidos 20 son españoles, dos de los cuales tienen antecedentes penales por delito sexual, en concreto por exhibicionismo y agresión sexual. Además se está investigado si entre los implicados se encuentran profesores de Educación Primaria. Los arrestos, que se han producido de forma simultánea en todos los países, se han llevado a cabo en doce provincias: Madrid, Alicante, Valencia, Salamanca, Zamora, Burgos, Vizcaya, Lleida, Barcelona, Asturias, Tenerife y Mallorca. Esta investigación se ha sumado a las operaciones más importantes contra la pederastia en Internet realizadas a lo largo de la historia en el mundo. En junio de 1997 fueron detenidas más de 600 personas en Francia, caso que finalizó con el trágico suicido de cinco de los implicados. La mayor redada realizada en España fue el 24 de noviembre de 2004 cuando fueron arrestadas 90 personas en 26 provincias. Ante esta situación de desregulación y control en Internet, el Defensor del pueblo, Enrique Múgica, ha pedido al gobierno que se obligue a los proveedores españoles a retener durante al menos un año los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones de sus usuarios, y así facilitar las investigaciones ante delitos. Además solicitó que "todos aquellos establecimientos denominados cibercafés o cibercentros lleven un control de los usuarios", "registrando al efecto el DNI de la persona que utiliza el puesto de acceso a Internet y la franja horaria en la que lo hizo". "Aunque durante los últimos meses se ha producido una evidente mejoría en a lucha contra esta clase de delitos, la situación no permite ningún tipo de relajación, y es preciso una constante supervisión y vigilancia ya que los avances tecnológicos crean de manera inmediata nuevas aplicaciones para seguir cometiendo delitos", matizó.