Las leyes españolas favorecen la inmigración ilegal

Por Alejandra Linares-Rivas2 min

Sociedad12-01-2005

Las leyes de extranjería: una sucesión de fracasos. Las cifras de 2003 lo demuestran. El Estado previó 10.000 permisos de trabajo, de los que sólo 3.500 llegaron a formalizarse. Pese a esto, los padrones municipales recogieron en sus páginas 600.000 personas inmigrantes más de los que había en 2002. Todo apunta a que estos pronósticos fallidos son los que fomentan la inmigración ilegal.

Veintidós expertos del Real Instituto Elcano, en colaboración con el Instituto Ortega y Gasset han elaborado el estudio Inmigración: prioridades para una nueva política española. En él, se examinan los datos sobre inmigración en los últimos años y su relación con las sucesivas políticas de extranjería. Precisamente, en éstas se ha tratado la inmigración, según el informe, como un mero "fenómeno transitorio", sin considerar que "un alto porcentaje de los inmigrantes no tiene intención de regresar a su país". El Estado sólo concede permisos de "corta duración" que no hacen sino promover numerosas solicitudes de renovación. En la actualidad, "la vía preferente, casi única, para inmigrar de formar regular a España es el contingente anual". Este contingente no suele completarse y además, las plazas son insuficientes. Esta fórmula de acceso al país mediante la contratación de inmigrantes en el lugar de origen no ha dado el resultado que se esperaba. El informe indica que la estrategia de Extranjería debería ser más realista en la fijación de los cupos anuales de inmigrantes. El límite debe ser acorde a las necesidades reales de población activa foránea. Para llenar esta cuota el estudio propone permitir la búsqueda del trabajo una vez en España. Esto facilitaría su selección directa por los empresarios, sin la mediación la Administración que, en ocasiones, llega a "interferir en la relación contractual" entre el inmigrante y la compañía. Porque los continuos cambios en la legislación al respecto, crean "incertidumbre" entre los que llegan a la espera de una vida más fácil. La intervención del Estado ralentiza los procesos de visado de empleo y tal como afirma el estudio "cabe cuestionarse si existe alguna empresa que esté interesada en que sea el Estado quien decida sobre las competencias de sus empleados, además de contratarlos". El problema reside en que los diferentes gobiernos españoles han abordado la inmigración "desde un planteamiento pasivo, restrictivo y basado en la contingencia: si no conseguimos denegarle la obtención de un permiso de trabajo, entonces le invitamos a quedarse". Esta visión de la extranjería dificulta el recuento efectivo de de la inmigración y, por tanto, la adecuada gestión de los flujos de empleados foráneos. Por este motivo, entre otros, la Comisión Europea se ha reunido para planificar una política común de gestión de inmigrantes. La idea será discutida el próximo mes de julio. Ésta, fijaría criterios, definiciones y procedimientos comunes, pero dejaría a los países miembros atender a las necesidades específicas de su mercado laboral.