La longeva relación entre la Iglesia y la Educación

Por Javier Bragado2 min

Sociedad09-09-2001

Los monjes del siglo XI desempeñaron una actividad que ha influido decisivamente en la construcción y educación de la sociedad europea actual. Conservaron gran parte de la cultura clásica, ordenaron todos los conocimientos de la época y crearon escuelas artísticas y culturales.

En la Edad Media la Iglesia tomó la responsabilidad de la enseñanza, que se efectuaba en los monasterios o en centros de aprendizaje que gradualmente evolucionaron hasta convertirse en grandes universidades como la de París y Bolonia. Ahora, a comienzos del siglo XXI, tratan de perpetuar su labor educadora en una sociedad basada en los valores católicos pero en la que la Iglesia sólo participa claramente en la enseñanza de la asignatura de religión, optativa según la ley. En la Constitución española de 1978 no se establece la enseñanza de religión en los colegios, aunque tampoco la de otras materias. Según el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, el arzobispo de Granada, Antonio Cañizares, la exclusiva situación actual de los profesores de religión es la siguiente: "La temporalidad del contrato se ajusta a un curso escolar; de ahí que la falta de inclusión en la propuesta para cursos sucesivos, aunque el interesado hubiera impartido la enseñanza en los precedentes, no equivale a ningún despido, dada la peculiar naturaleza de la relación, cuya legitimidad hay que buscarle en el tratado internacional que vincula a la Santa Sede y el Estado Español, de 3 de enero de 1979". A este tratado se suma un acuerdo firmado el 26 de febrero de 1999 entre el Gobierno del Partido Popular y la Conferencia Episcopal Española. Este compromiso estipula que la Iglesia católica propone los profesores de religión a través del obispo ordinario de cada una de las 67 diócesis de la Santa Sede en el territorio español. No obstante, los 1.300 profesores de religión que hay en España son contratados y pagados por la Administración del Estado. El 24 de abril del año 2001, la Conferencia Episcopal acordó vigilar "la integridad de la fe y de las costumbres" de los docentes de religión mediante "un departamento o servicio de inspección de enseñanza religioso", según la página de la Conferencia Episcopal. En este documento, aprobado por los obispos reunidos en plenario, se asegura que estos inspectores tienen competencias "tanto en los centros públicos como privados confesionales y no confesionales" al mismo tiempo que se reconoce "un perfil peculiar" al profesor de religión por su "doble vinculación" con la Administración y el obispo de su diócesis. Sin embargo, en 1985, el Tribunal Constitucional anuló el despido de una profesora, Pilar Sala, por sus ideas religiosas. Esta maestra de religión fue despedida de un colegio católico por no ajustarse al ideario religioso del centro.