El rechazo de sindicatos y la defensa de la Iglesia

Por Javier Bragado2 min

Sociedad09-09-2001

La repercusión de los cuatro casos hechos públicos de profesoras de religión no renovadas ha sido profunda. La mayor oposición ha procedido de los sindicatos de trabajadores, que han ofrecido su apoyo "hasta el último extremo", mientras que la Iglesia ha descartado que se haya "cometido ninguna injusticia".

Según la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, es un caso "absolutamente inaceptable". Matilde Llorente, integrante de la comisión ejecutiva de esta federación, asegura que estos despidos y, en especial, el de Resurrección Galera, atentan “contra los derechos fundamentales de la persona -a la intimidad, a la propia imagen y al trabajo, sin que éste pueda ser cuestionado por las relaciones personales de índole privada de la trabajadora-, en virtud de un acuerdo entre el Estado Español y el Estado Vaticano, que impone unas relaciones de carácter casi feudal". Desde el sindicato la Unión General de Trabajadores (UGT) se sumarán al apoyo en el caso de Resurrección Galera en la denuncia que va a imponer con la experiencia de haber ganado pleitos anteriores por este motivo. Según Jesús Ramón Copa, secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, los acuerdos con la Iglesia son "escandalosamente anti o preconstitucionales" porque "en el año 2001 resulta intolerable que una persona pierda su trabajo por los motivos que dicen esos señores". En este sentido, el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha sido el primer miembro del partido del gobierno (PP) que ha criticado estas decisiones. Según Ruiz Gallardón, se trata de "un grave error". Además, la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Dávila, considera que se trata de una medida "injusta y retrógrada". En cuanto a la Iglesia, el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, y el arzobispo de Granada, Antonio Cañizares, ha declarado que la no renovación de los contratos no es una "injusticia" porque se ha efectuado "conforme a Derecho". Cañizares argumenta que los profesores de religión "saben perfectamente que han de desarrollar una docencia ajustada a la doctrina y moral de la Iglesia católica y han de mantener un comportamiento personal acorde con ella". No obstante, la Asociación Juan XXIII, que agrupa a 1.200 teólogos católicos, ha firmado una declaración en la que considera este acuerdo "inconstitucional" por ser "una violación de los derechos fundamentales".