ANALISIS DE LA SEMANA
Fin de la huelga de pilotos
Por María Lloria
2 min
Economía15-07-2001
El sindicato de pilotos de Iberia ha decidido desconvocar la huelga que estaba prevista para algunos días durante julio y agosto. La medida se ha tomado después de que el Gobierno haya nombrado a un árbitro, Federico Durán, presidente en funciones del Consejo Económico y Social (CES), para mediar en el conflicto. La intervención del Ejecutivo se produjo justo después de que Iberia decidiera suspender los vuelos por razones de seguridad y cinco horas más tarde los reanudó. La situación había llegado a tal límite que la mediación del Gobierno era la única salida viable y eso a pesar de que en un principio se había mostrado contrario. El sindicato de pilotos SEPLA ha aceptado la mediación de un árbitro, sin embargo va a presentar dos demandas, una contra Iberia y otra contra el Gobierno, porque considera que las medidas tomadas por ambas partes son ilegales. Las reacciones no tardaron en llegar. El secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ha exigido la comparecencia del Ejecutivo para que dé explicaciones. Además, Zapatero calificó la situación de "esperpéntica". Los viajeros son los que más han sufrido con la huelga de Iberia, ya que además ésta ha coincidido en época de vacaciones. Pero ahora ya se ha vuelto a la aparente normalidad. Si las acciones de Iberia caían por el conflicto de la compañía aérea, el resto de valores seguían prácticamente las mismas tendencias. Argentina se encuentra sumida en un proceso de cambio ante la inestabilidad económica. La bolsa de Buenos Aires sufrió la semana pasada tres desplomes consecutivos. Las consecuencias en la Bolsa española se hicieron notar rápido y el Ibex 35 fijó un nuevo mínimo anual. Y los precios en España no cesan de subir. En junio, la inflación ya alcanza el objetivo previsto para todo el año. Los precios subieron tres décimas y la tasa interanual se encuentra en el 4,2 por ciento. El sector turístico es el principal causante de esta subida de precios. Bruselas cree que los incentivos fiscales en el País Vasco y Navarra son ilegales. De modo que ha exigido a España que recupere el dinero invertido en ayudas para el establecimiento de nuevas empresas en los territorios forales entre 1995 y 2000.
