Los datos del paro complican aún más la polémica gestión de Zaplana
Por La Semana
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Economía09-02-2003
Las cifras del paro llegan en una semana en la que el titular de Trabajo ha sido noticia en un delicado frente. Zaplana ha manifestado su convicción de no comparecer ante el Congreso para dar las explicaciones exigidas por la oposición socialista e Izquierda Unida tanto por la polémica suscitada a raíz de la campaña de publicidad de la paga a los pensionistas, como por su presunta relación con el caso Aguas de Valencia.
Las iniciativas parlamentarias incluyen su comparecencia ante dos comisiones de la Cámara Baja y varias preguntas orales en la sesión de control al Gobierno de los miércoles, pero el ministro ya hizo saber que ni acudirá a la primera ni responderá a las segundas. La abultada agenda ha sido el motivo esgrimido por Zaplana, que asistirá a la cumbre hispano-alemana de Lanzarote los próximos días 11 y 12. Por este motivo, la oposición dirigirá sus preguntas al vicepresidente primero y portavoz, Mariano Rajoy. En el caso Aguas de Valencia, ha sido el grupo parlamentario popular la instancia utilizada para oponerse a la petición. Cabe recordar que la crisis de AVSA –compañía que gestionará durante los próximos 50 años la política de aguas de Valencia- explotó tras la destitución de Aurelio Hernández y Francisco Pontes como máximos ejecutivos de la firma, por supuestas anomalías contables. El cese descubrió el presunto intento del ex jefe del Consell de utilizar AVSA para poner en marcha -junto con la multinacional francesa Bouygues, principal accionista de la empresa- un grupo mediático afín a los intereses políticos del PP: Tabarka Media. Los informes que elaboró la televisión gala TF1, filial de Bouygues, constataron la hipotética intermediación de Zaplana y de la portavoz de la Generalitat, Alicia de Miguel, en diversas reuniones en París. Zaplana tampoco se presentará ante la comisión de Política Social y Empleo para dar detalles de la adjudicación de la campaña publicitaria, tasada en 7,21 millones, a una empresa perteneciente al ex portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodríguez, “sin concurso o publicidad previa”, según la resolución publicada por el BOE.