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El Gobierno cumple una promesa pendiente desde el comienzo de la legislatura

Por Gema DiegoTiempo de lectura2 min
Economía12-10-2002

España va camino de convertirse en uno de los estados más liberales y descentralizados de la UE. Desde que Felipe V impusiera entre 1707 y 1716 una unificación férrea sobre todas las regiones del Estado, regida por los decretos de Nueva Planta, los ayuntamientos nunca habían disfrutado del grado de autonomía que alcanzarán ahora.

Hace más de dos años, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya propugnaba que las autonomías no se debían quedar "con todo el dinero", y que gran parte de éste debía fluir hacia las corporaciones locales. "No pueden ser las hermanitas de los pobres de la economía, ya que gestionan servicios directos sobre los ciudadanos", señalaba Montoro. En estos momentos, el Gobierno se ha lanzado a aprobar la asignatura de la descentralización. Curiosamente, su deseo de favorecer a los ayuntamientos coincide con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales. La carambola se completa con otra casualidad: la reforma que permitirá el aumento de las arcas locales también traerá consigo la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), un tributo que dejarán de pagar nada menos que el 92 por ciento de las empresas. La desaparición del IAE entrará en vigor en el 2003, al igual que el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El Gobierno cumple así una de las 20 acciones a las que se comprometió el presidente, José María Aznar, en el pasado debate sobre el estado de la nación. Antes que Aznar, el secretario general de Política Territorial y Comunitaria del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, ya se habían trazado como objetivos el fomento del empleo en las empresas que pagan el IAE y la creación de un nuevo modelo de financiación local. Según Beteta, la supresión del IAE beneficiará a las empresas que generan "el 70 por ciento de los puestos de trabajo". Estos movimientos pre-electorales del Gobierno se unen al anuncio del aumento de la partida de seguridad en los Presupuestos Generales del Estados (PGE) para el 2003. De este modo, pretende demostrar que quiere "barrer España" tanto de delincuencia como de impuestos.

Fotografía de Gema Diego