ANÁLISIS DE NACIONAL
El principio de buena fe
Por Alejandro Requeijo
2 min
España20-04-2008
Hay una premisa en el mundo del Derecho que viene a decir que si alguien presta un bien a otra persona, pasado un tiempo considerable –más de 10 o 15 años-, ese bien, ya sea un libro, un mueble o un piso, pasa a pertenecer a esa otra persona. La culpa la tiene un supuesto que se conoce como el principio de buena fe. Algo parecido ha sucedido en España en las últimas décadas en algunas cuestiones clave para todos como el agua. Y no sólo. En el celebrado sistema de las autonomías y sobre todo en su evolución posterior se ha permitido a los gobiernos locales gestionar recursos, patrimonios y bienes que, simplemente por su localización geográfica, han pasado a considerar como propios, cuando son –o eran- de todos. Esta realidad refleja a la perfección la cara y la cruz de la descentralización. Es decir, la idea de permitir una autogestión para motivar una mayor inversión así como una mejor atención y dedicación, corre el riesgo de terminar beneficiando a unos pocos españoles por separado –vascos, catalanes, aragoneses, madrileños- a costa de perjudicar a todos los demás. De este modo se cae en el error y en el peligro de aceptar que las comunidades con menos recursos, y por ende sus ciudadanos, están abocados a un menor desarrollo y bienestar. Simplemente por su situación geográfica. ¿De que sirve el Estado entonces? Es como si gracias al dinero de todos los españoles se instalan centenares de paneles solares en Écija (por pura lógica y efectividad) y luego el Ejecutivo local de turno pretende apropiarse de su explotación y su beneficio. Pues igual de escandaloso es hacerlo con la explotación de otros recursos como el viento o el agua de los ríos. En estas estamos ahora con la guerra del agua. Con perdón del Derecho, en este asunto faltan muchas dosis de buena fe que, traducido al lenguaje cotidiano, es como decir que falta mucha solidaridad y sentido de la igualdad. Según la RAE, este último término significa el reconocimiento a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. En los tiempos felices del Ministerio de la Igualdad, estaría bien que este Gobierno luchase con todas sus fuerzas contra la discriminación de las mujeres, un punto a todas luces necesario, pero sin dejar de ampliar sus miras a otra serie de desigualdades flagrantes como esta del agua, o la Educación, la Sanidad, la Financiación, la Ley Electoral… De entrada, sería una buena forma de evaluar la idoneidad o el oportunismo del citado Departamento, aunque quizá y viendo lo visto, se acabase antes la tarea reduciendo directamente algunos privilegios y concesiones actuales.
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Alejandro Requeijo
Licenciado en Periodismo
Escribo en LaSemana.es desde 2003
Redactor de El Español
Especialista en Seguridad y Terrorismo
He trabajado en Europa Press, EFE y Somos Radio