ANTITERRORISMO
EE.UU. aprueba una nueva ley antiterrorista contra detenidos extranjeros
Por Miguel Martorell
2 min
Internacional01-10-2006
El Congreso y el Senado estadounidense han dado luz verde esta semana a una nueva ley antiterrorista que permite juzgar a sospechosos de terrorismo extranjeros que se encuentren bajo custodia de Washington. La norma no está exenta de polémica, pues legitima la información obtenida a los detenidos bajo coerción y amplia los poderes del presidente de EE.UU., George W. Bush, para decidir qué técnicas de interrogación pueden ser usadas contra los supuestos terroristas.
"Aplaudo al Congreso por aprobar una legislación de dotará a nuestros hombres y mujeres en uniforme de las herramientas necesarias para proteger a nuestro país y ganar la guerra contra el terrorismo", proclamó Bush en un comunicado después de que el Senado refrendase la ley aprobada por el Congreso estadounidense. La Ley sobre Comisiones Militares de 2006 fue apoyada por 65 senadores y rechazada por otros 34, tan sólo un día después de que la Cámara Baja la aprobara por 253 votos a favor y 168 en contra. La discusión en torno a la ley ha sido larda y ardua, con graves recriminaciones públicas entre demócratas y republicanos e intensas negociaciones entre legisladores y la Casa Blanca. Además, llega precedida de la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, que en junio falló en contra de los tribunales especiales establecidos por el Pentágono para juzgar a los presos de Guantánamo. El Alto Tribunal dictaminó entonces que dichos tribunales violaban la Constitución de EE.UU. y el Derecho Internacional. Durante la tramitación de la ley, se rechazó una de las enmiendas del senador republicano Arlen Specter, que trató de restablecer el derecho de los detenidos por terrorismo a impugnar su arresto ante los tribunales ordinarios estadounidenses. Dicho recurso, el habeas corpus, está incluido en la Constitución norteamericana y recoge el derecho del detenido a estar presente en su propio juicio. Además, el habeas corpus permite poner en cuestión la detención y llevarla ante los tribunales, además de prohibir las detenciones indefinidas sin la presentación de cargos o sin pasar antes por un proceso judicial formal. Fue precisamente este derecho en el que se basó el Supremo para rechazar los tribunales especiales creados por el Pentágono. Sin embargo, la ley antiterrorista contiene puntos más polémicos, como el acceso limitado de los acusados a las pruebas que se decreten clasificadas que pesen contra él. El punto más cuestionable es el que permite el uso limitado de las pruebas obtenidas por coerción a los detenidos, lo que supondría, en la práctica, legalizar ciertas prácticas de tortura e interrogación. La ley amplia además la definición de combatientes enemigos, incluyendo en ella a todo aquel que trafique con armas, dinero u otros apoyos con grupos terroristas. Además, da autoridad a Bush para decidir qué técnicas de interrogación pueden ser empleadas contra los detenidos, al tiempo que establece la tortura, la violación y los experimentos biológicos como crímenes de guerra.