SIN ESPINAS
La viga en nuestro ojo
Por Javier de la Rosa
4 min
Opinión01-05-2006
Es un hecho que el Gobierno de Zapatero está cambiando las estructuras básicas de la sociedad española. Para ello, ejecuta modificaciones esenciales en las instituciones que conforman los pilares de una nación histórica que ha jugado un papel determinante en el desarrollo de la Civilización Cristiana Occidental, una de las 22 civilizaciones de la Historia de la Humanidad. Además, está actuando sin dilación, con urgencia, como convencido de que nadie se atreverá a deshacer sus “conquistas” una vez que su mano legisladora las haya puesto en marcha y que su voluntad haya alcanzado rango de ley orgánica. Sin embargo, la vigencia y permanencia de los cambios introducidos no dependerá del estatus jurídico que les ha otorgado, sino de las consecuencias que a medio y largo plazo tendrán en el desarrollo de nuestro país. La madurez personal y política se demuestra por la capacidad de un individuo para prever y asumir responsablemente las consecuencias de sus actos. De esta manera, la previsión no es ni augurio ni capacidad profética sino la facultad de establecer, a la luz de la experiencia histórica, un diagnóstico sobre las consecuencias que tendrán determinadas actuaciones. Desconocer o ignorar el pasado y negar que ante idénticas actuaciones se vayan a derivar situaciones diversas es simplemente obviar la realidad; vivir en las nubes o en la inopia más absoluta. Desgraciadamente nuestro Presidente está pasando por esa fase. Y lo evidencia su política de los dos últimos años: en los cambios educativos que suprimen el esfuerzo, provocan la injusticia del igualitarismo, obvian las humanidades, pilares del conocimiento, y sustituye el aprendizaje del cristianismo por normas éticas y estructuras cerradas de comportamiento ciudadano; en los pactos de gobierno con partidos antinacionales que pretenden la separación de España, y si es posible su disgregación definitiva; en una reforma territorial que aviva en las comunidades autónomas nacionalistas el desarrollo impune de elementos para la confusión y la insolidaridad: la desgracia de dejar de ser bilingües, algo que dificultará aún más el entendimiento entre los pueblos de España y la autogestión de recursos económicos que deberían compartirse con el resto del país. Más: la intervención política en los criterios de votación del máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, cambiando el sistema de mayorías merma la independencia en la separación de poderes. La intervención en el Tribunal Constitucional y Supremo y la Audiencia Nacional para colocar a sus simpatizantes y convertir estos órganos en garantía de “justicia” y “legalidad” para todas las modificaciones constitucionales que se pretenden hacer. El oligopolio o monopolio mediático generado con la concesión de licencias estatales a amigos del gobierno hará todavía más unidireccional y limitada la libertad de expresión e información. La ineficacia mantenida en el Tribunal de Defensa de la Competencia y los cambios en instituciones como la Comisión Nacional de la Energía para avalar operaciones económicas puntuales, nos alejarán de las directivas europeas para fomentar el libre mercado. La política exterior basada en la rebelión contra el Imperio norteamericano, con graves errores pero defensor de los valores democráticos, nos traerá serias consecuencias diplomáticas, geoestratégicas y económicas. Sobre todo, porque esas relaciones han sido sustituidas por apoyos a dictaduras y regímenes populistas. Y por último, en el plano social, las alteraciones legales y conceptuales de instituciones sociales tan elementales como el propio ser humano, el matrimonio, la familia y la Iglesia tendrán unas consecuencias difíciles de calcular en tiempo y medida para nuestra estructuración social. Más aún cuando las leyes de ampliación del aborto, del divorcio express, del “matrimonio” homosexual, de reproducción asistida se han hecho obviando todos los informe técnicos de los expertos del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia de la Lengua. Ni que decir tiene que una negociación con terroristas que ni siquiera han abandonado y entregado sus medios para ejercer la violencia y el chantaje es un presupuesto que indica hasta dónde es capaz de llegar en sus concesiones el representante del Gobierno de todo un Estado de Derecho frente unos terroristas. La paz sin justicia es imposible. Por último, las consecuencias sociales y económicas de privar a la Iglesia de los recursos que destina desde hace siglos a la gestión y desarrollo de la beneficencia social también tendrá claras consecuencias para las personas afectadas y el bolsillo de los españoles porque el Estado tendrá que construir organizaciones nuevas para sustituir a las que durante cientos de años vienen ejerciendo “profesionalmente” la caridad en nuestro país. Los que queremos que esta situación no se desarrolle, tenemos que rezar mucho, ser conscientes de nuestros errores y unirnos solidariamente para vencer el mal con el bien.
