SIN CONCESIONES
La Otra
Por Pablo A. Iglesias
2 min
Opinión25-09-2005
Tiene nombre de cualquier cosa menos de televisión. La Otra es la segunda cadena autonómica de Madrid. En realidad lleva cinco años emitiendo en sistema terrestre. Pero es ahora cuando se ha hecho famosa. La culpa no es de sus responsables, ni de sus contenidos ni de los periodistas que trabajan en ella ni de ese nombre tan despectivo por el que se la conoce. La culpa de la popularidad de La Otra es de Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a incurrir en un acto de despotismo a los que nos tiene acostumbrados. Hace meses que solicitó al Gobierno autorización para emitir en analógico y llegar así a los televisores de todos los madrileños. Pero como el Ministerio de Industria le ha denegado el permiso, a doña Esperanza no se le ha ocurrido otra idea mejor que emitir sin licencia. Es decir, en plan pirata. La decisión no sólo gravísima por lo que tiene de ilegal sino porque, como presidenta de la Comunidad de Madrid, ella debe ser la primera en dar ejemplo a todos los ciudadanos y cumplir las leyes. No importa que el Gobierno de Zapatero la boicotee o eche atrás cada una de sus iniciativas. La política, y mucho menos aún el poder, no autoriza a saltarse las reglas por antojo. Igual que hacemos el resto de los madrileños, Aguirre debe respetarlas y cumplirlas. Resulta especialmente curioso que la Comunidad de Madrid ponga fraudulentamente en marcha un segundo canal público cuando acaba de cerrar varias por ilegales varias decenas de televisiones y radios locales que emitían desde hace años por toda la región. Aguirre se comporta ahora como ese diputado de Esquerra Republicana de Catalunya que este verano se coló en la casa de verano del periodista Pedro J. Ramírez y se dio un baño en la piscina con el carné de parlamentario en la boca. Al salir, mostró su acreditación a la Guardia Civil, estrechó la mano a los agentes y se marchó del lugar del delito sin rubor alguno. La presidenta de la Comunidad de Madrid no sólo se salta la ley sino que se jacta en público de incumplirla. Para justificarse, aduce que otras comunidades hicieron lo mismo en el pasado y se queda tan tranquila. Los periodistas que no estamos al servicio de los políticos sentimos vergüenza ante semejante desfachatez e injusticia. Cuando le llegue la correspondiente multa, si es que llega, dirá que Zapatero la discrimina. Pero lo cierto es que es ella quien se discrimina a sí misma. Muchos madrileños estamos en contra de sus geniales ideas.
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Pablo A. Iglesias
Fundador de LaSemana.es
Doctor en Periodismo
Director de Información y Contenidos en Servimedia
Profesor de Redacción Periodística de la UFV
Colaborador de Cadena Cope en La Tarde con Ángel Expósito