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Precisamente esa misma mañana el Arriero recibió el acta judicial que le notificaba que debía abandonar la vivienda que habitaba con su mujer, madre de sus cinco hijos. Esta orden del juez se debía que estaba en curso una demanda de separación entre ellos. Entonces el Arriero decidió llevar a cabo su aviso. A las cinco de la tarde persiguió con una escopeta por la casa a Josefa, hasta arrinconarla en una habitación. Con un disparo acabó con la vida de la mujer y a renglón seguido acabó con la suya propia. Esta es la muerte número 64 de una mujer a manos de su marido, una cifra altísima que hace ver una realidad social inquietante cuando estamos a las puertas del siglo XXI, en un país civilizado en que se supone no deberían suceder estas atrocidades. Pero no sólo esta cifra es angustiosa, según datos del Instituto de la mujer, cada hora 30 mujeres son maltratadas. Lo peor es que las mujeres hostigadas son intimidadas por sus maridos y sólo en un 10% de los casos se denuncian. Ante esta realidad social la O.N.U. (Organización de Naciones Unidas) entiende que es necesario "un compromiso de voluntad de los distintos operadores jurídicos en la comprensión de la realidad social y en la adecuada valoración de la gravedad de los hechos violentos en el ámbito doméstico". Por ello presiona a sus miembros para que tipifiquen los malos tratos como delitos en los códigos penales. Una de las medidas que propone es la del extrañamiento, según la cual el agresor no podría volver a convivir con su víctima ni acercarse, medida que ya se tomó en el caso de esta víctima. Para evitar casos como este, la directora general de la Mujer en la Junta de Extremadura, Josefa María Caraballo, presente en el funeral de la difunta declaró: "Hay que proteger a una persona cuando está amenazada, cuando está sufriendo malos tratos. Creo que tiene que haber protección. No se le puede mandar una orden judicial sin protección de ninguna clase porque la reacción no se sabía cuál podía ser". |