RECORTES

El Gobierno propondrá reducir los horarios de apertura de los comercios antes del 2005

Por Eva Olarte2 min

Economía22-05-2004

El miércoles de la semana pasada, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, anunciaba en el Congreso de los Diputados la intención del Ejecutivo de aprobar antes del 1 de enero del 2005 una nueva ley que regule definitivamente el régimen de apertura de los comercios españoles.

Nueva ley que propone reducir tanto las horas de apertura semanales (de 90 a 72), como el mínimo de aperturas de domingos y festivos (de 12 a ocho) y que, por tanto, supondría paralizar la entrada en vigor de la liberalización total de los horarios comerciales, prevista por el anterior gobierno para ese mismo año. Según el propio ministro, que ya encargó informes para conocer el impacto real de los horarios comerciales, “la plena libertad horaria no es una demanda ni una necesidad de la sociedad española”, y la iniciativa del nuevo Gobierno responde a la voluntad de conciliar los derechos de los consumidores y de los comerciantes, tanto de los pequeños y medianos, como de las grandes superficies. Pero lo cierto es que, de momento, esta medida que tanto contrasta con la opinión habitualmente más liberal del vicepresidente económico, Pedro Solbes, no ha provocado más que la división del sector comercial. De modo que, mientras los supermercados -representados por la Confederación Española de Comercio (CEC)- y el comercio tradicional están de acuerdo con la propuesta, a las grandes superficies –representadas por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)- y a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la noticia les ha caído como un auténtico jarro de agua fría. Unos la consideran beneficiosa para los consumidores, pues garantiza el mantenimiento de los distintos formatos y les hace ganar en calidad de vida; otros, por el contrario, no ven en ella más que un claro recorte de la libertad de empresa y de la libertad de elección de los consumidores. En este sentido, el director de ANGED, Javier Millán-Astray, recordó la contribución de las grandes superficies al crecimiento económico y a la creación de empleo y, por ello, pidió a los gobiernos central y autonómicos “diálogo, flexibilidad y voluntad de consenso” antes de tomar la ultima decisión.