PAÍS VASCO
El Gobierno impugna el ‘Plan Ibarretxe’ ante el Tribunal Constitucional
Por Noelia Hernández Martín 
2 min
España13-11-2003
El Gobierno presentó el pasado jueves al Tribunal Constitucional la impugnación contra el Plan Ibarretxe. En su escrito, el Ejecutivo manifiesta las "numerosas y graves violaciones de la Constitución" y demanda que la propuesta del lehedakari sea declarada inconstitucional.
Desde el pasado 26 de octubre, cuando el Gobierno vasco aprobó el Plan Soberanista del lehedakari, Juan José Ibarretxe, el Ejecutivo puso en marcha la maquinaria ofensiva contra la propuesta de Ajuria Enea. El anuncio del Ejecutivo central se ha cristalizado finalmente en la impugnación contra el Plan ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno, a través del Servicio Jurídico del Estado, presentó el pasado jueves lo que será su ataque más efectivo contra la propuesta de Ibarretxe. El escrito solicita que declare inconstitucionales y nulos tanto el acuerdo del Ejecutivo vasco que aprobó el Plan Soberanista como la decisión de la Mesa del Parlamento vasco que lo admitió a tramitación parlamentaria. El Alto Tribunal cuenta con un máximo de cinco meses para suspender o desestimar la impugnación por sentencia. Mientras tanto, el Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, nombre que se le dio al Plan Ibarretxe, no podrá ser tramitado por el Parlamento vasco. El objetivo del Gobierno central es demostrar que, como ya anunciaron al conocer el Plan Ibarretxe, esta reforma vulnera en más de 100 ocasiones la Constitución. Algo contradictorio si tenemos en cuenta que el Estatuto de Autonomía del País Vasco fue aprobado por ley orgánica lo que viene a decir que está subordinada a la Constitución, de manera que la Carta Magna es el "único parámetro" para enjuiciar su validez, según asegura el texto presentado por el Gobierno. La impugnación también hace referencia al derecho de autodeterminación tan aclamado por Ibarretxe. Sobre el pretendido "derecho de autodeterminación de los pueblos", se aduce que éste "no permite legitimar secesiones" y desde luego "no ampara que una minoría del pueblo de un Estado se arrogue el derecho de imponer cambios constitucionales extensos a una abrumadora mayoría de ese mismo pueblo". Y es que como declaró el diputado y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Diego López Garrido, el Estatuto de Gernika es "un pacto entre Euskadi y el Estado español. Un pacto que se debe preservar, que pone los límites y obliga al diálogo como único método para avanzar". Además, según asegura el escrito del Gobierno, los peneuvistas aparentan que este Plan es una reforma del Estatuto, pero significa, en realidad, "una consciente ruptura con la Constitución, una escisión buscada de propósito", sentencia el texto.