Sectores políticos y sociales se manifiestan contra el Plan Soberanista

Por Noelia Hernández Martín2 min

España31-10-2003

Una semana después de que el Ejecutivo vasco aprobó el Plan de Ibarretxe, el Gobierno central y la Diputación de Álava ya han anunciado medidas judiciales para luchar contra la propuesta del lehendakari.

El Plan Soberanista quiebra en más de 100 ocasiones la Constitución. Esa es razón que el Ejecutivo central esgrimirá ante el Tribunal Constitucional para intentar echar por la borda la propuesta de libre asociación del País Vasco. La semana ha acompañado a la lluvia de críticas que, desde sectores políticos y sociales, se han lanzado hacia al Plan Soberanista. Tan sólo una semana después de que el Gobierno vasco diço luz verde a la propuesta de libre asociación que defiende Ibarretxe, el Gobierno central ha decidido pasar a la acción para luchar contra el Plan del lehendakari. El ministro de Justicia, José María Michavilla, aseguró el pasado viernes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el texto aprobado por el Gobierno vasco porque quiebra "en más de 100 ocasiones" la propia Constitución. Las irregularidades se observan en la vulneración de las formas y procedimientos fijados en el Estatuto y la Constitución, contra la legislación legal vigente o contra el reparto competencial actual. El titular de Justicia concretó que el Plan de Juan José Ibarretxe no respeta las formas y procedimientos establecidos en el Estatuto de Gernika y la Constitución. Además, la propuesta de creación de un Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco y una Justicia autónoma e independiente de la española mutila, según Michavila, la legislación judicial. Otra ruptura del texto constitucional, es que el Gobierno vasco hace "un reparto competencial" contrario al fijado por la Carta Magna. De esta forma, hace suyas competencias que no le pertenecen, como la citada Justicia, la anulación del artículo 155 de la Constitución o el derecho de veto sobre los tratados internacionales que suscriba el Gobierno español. El Ejecutivo basa su recurso en el artículo 161 de la Constitución, por el cual se desprende que el Gobierno tiene derecho a recurrir el Plan Ibarretxe, aunque todavía no haya sido debatido en el Parlamento vasco. La actuación del Gobierno paralizará el camino que los nacionalistas trazaron hacia el Parlamento vasco, es decir, que contra las expectativas de los peneuvistas, la cámara autonómica no podrá discutir el Plan Soberanista en un plazo máximo de cinco meses sin vulnerar la legalidad constitucional. La pelota caliente se situaría de nuevo en el tejado del Parlamento vasco, con su presidente, Juan María Atutxa, a la cabeza. Este recurso del Gobierno se suma al ya anunciado el pasado lunes por la Diputación Foral de Álava ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por no tener en cuenta los derechos históricos de Álava. Más críticas ha recibido también el Plan en boca del director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera o la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, que se ha desmarcado de su partido, Izquierda Unida, y ha dado la espalda al Plan de Ibarretxe.