ESTADO DE LA NACIÓN
El Gobierno supera el examen pre vacacional sin mucho esfuerzo
Aznar, durante el Debate sobre el Estado de la Nación
Por Mª Jesús Torres
1 min
España02-07-2001
El clima amable dominó el debate del estado de la Nación que no se caldeó hasta su segunda jornada. A lo largo de las intervenciones, los populares se esforzaron en demostrar con datos el buen momento de la economía española; los socialistas, en defender su estrategia de "oposición útil"; y ambos en atribuirse todo el mérito de los últimos pactos de Estado. La crítica y oposición frontal vinieron desde Izquierda Unida (IU) y los partidos del Grupo Mixto.
Ni sorpresas ni grandes enfrentamientos. Los ataques más duros llegaron el segundo día con la intervención del portavoz socialista, Jesús Caldera. La intervención de Aznar se centró en el pleno empleo, la lucha contra el terrorismo, las reformas de la Justicia y la Educación y el anuncio de la rebaja del IRPF en el 2003. Por su parte, Zapatero presentó toda una batería de propuestas sociales que afectaban a la familia, las parejas de hecho, la vivienda, la precariedad laboral y la promoción del castellano con motivo del cuarto centenario de El Quijote en el 2005. Así mismo, la reforma del Senado en seis meses y un plan de Investigación y Desarrollo figuraron entre sus propuestas de acuerdo. El Partido Popular (PP) también ofreció acuerdos, más después de los dos pactos de Estado que PP y Partido Socialista (PSOE) han firmado en los últimos meses. Las propuestas de Aznar se centraron en la financiación autonómica y local, el concierto vasco, la reforma de los servicios secretos y la Educación. Ambos partidos reconocieron la mala situación que atraviesa la Educación en España. Como ya se había anunciado, apenas se tocó el tema de la corrupción. Sólo lo hizo IU, a la que Aznar respondió que no iba a destituir al ministro de Exteriores, Josep Piqué, por su posible implicación en el caso Ercros. Sin embargo, una de las propuestas de resolución del PSOE tocaba indirectamente esa polémica. El PP, junto con Convergència i Unió y Coalición Canaria, se opuso a la propuesta socialista de que el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, se inhiba de actuar en procesos judiciales contra aforados, ministros o parlamentarios. En total se aprobaron 51 mociones, entre ellas, una sobre financiación autonómica, la reforma fiscal y medidas de protección a la familia.