Una decisión judicial avalada por el CGPJ, el Supremo y el Constitucional

Por Noelia Hernández Martín2 min

España10-09-2003

El Gobierno vasco interpuso el pasado miércoles una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo por considerar que la Ley de Partidos y la sentencia del Tribunal Constitucional “vulneran derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos”, a pesar de que esta ley fue judicialmente aprobada por el CGPJ, el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Este Tribunal de Derechos Humanos es el último peldaño de la escalera jurídica a la que se enfrenta la ilegalización de Batasuna. Creado en el marco de Consejo de Europa, es el órgano internacional ante el que pueden presentarse denuncias de violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio europeo de Derechos Humanos. El Gobierno vasco recurrió a él el pasado miércoles tras agotar las vías judiciales dentro del Estado español. Primero fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que avaló la Ley de Partidos. Ante esta decisión, el Gobierno vasco recurrió ante Tribunal Supremo (TS) en busca de una ayuda para desestimar la citada ley, y evitar, por tanto, la previsible ilegalización de Batasuna por su relación con la banda terrorista ETA. Los batasunos, apoyados en todo momento por el Gobierno vasco, sabían que con esta ley encima de la mesa, su formación política tenía los días contados. El Tribunal Supremo se pronunció en contra de la ley de la discordia y decretó la disolución e ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Sin embargo, el brazo político de los asesinos de ETA no se resignó a aceptar la decisión de la justicia y recurrió, una vez más, en busca del amparo del Tribunal Constitucional. De esta forma, la defensa de Batasuna presentó ante el Alto Tribunal un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia del TS. Sin embargo, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso planteado y avaló, una vez más, la Ley de Partidos y, por ente, la disolución e ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Una vez agotadas todas las vías judiciales para evitar la desaparición del brazo político de ETA, la vicelehendakari, Idota Zenarruzabeitia, adelantaba ya el pasado 13 de marzo, un día después de que se pronunciara el TC, que el Ejecutivo autonómico se planteaba acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar la ley que permitió la ilegalización de estas formaciones abertzales. El pasado miércoles, en una actuación que roza ya el absurdo y lo esperpéntico, el Gobierno vasco, fiel defensor del brazo político de los asesinos de ETA, interpuso una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que la Ley de Partidos y la sentencia del Tribunal Constitucional, que la avala, “vulneran los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos”. El Ejecutivo autonómico deberá tener muy presente que los fallos de este tribunal son vinculantes, es decir, de obligado cumplimiento, convirtiéndose así en la última instancia judicial a la que pueden acudir.