¬CASO ERCROS¬

La Fiscalía General del Estado, también a debate

Por Amalia Casado2 min

España30-06-2001

La Junta de Fiscales de Sala es un órgano consultivo, el máximo órgano asesor del fiscal general del Estado. Compuesto por 15 miembros, el próximo día 10 se reunirá para emitir un dictamen no vinculante acerca de la imputación o no del ministro de Exteriores, Josep Piqué, en el caso Ercros. Este dictamen será tenido en cuenta por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien tendrá en sus manos la decisión final

El caso Ercros consiste en las presuntas actividades delictivas en que se incurrió durante la venta de Ertoil, una empresa filial de Ercros, a la empresa francesa Elf, a través de la intermediaria de la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding. Es la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios la que investiga el caso. En abril del presente año remitió un informe al Tribunal Supremo acerca de la venta de Ertoil y de una cantidad de 18.000 millones de pesetas procedentes de la venta de esta empresa, dinero cuyo destino se desconoce. El Tribunal Supremo, después del informe de la juez Palacios, solicitó un informe nuevo al fiscal del caso, Bartolomé Vargas. Concluía éste que Josep Piqué sí debía ser imputado e investigado en el caso. Durante la venta de Ertoil, Piqué era consejero y director de Estrategia de Ercros. Vargas considera que debe declarar para aclarar con todas las garantías si el actual ministro de Exteriores fue entonces "colaborador necesario" en la comisión de los presuntos delitos que contempla el informe: alzamiento de bienes y delito fiscal. La junta de fiscales de lo Penal dio el visto bueno al informe de Vargas. También lo hizo la Junta General de Fiscales por diez votos a favor de apoyar el in! forme y dos en contra. Estos dos votos en contra abrieron al fiscal general del Estado la posibilidad de, antes de tomar la decisión, convocar a la Junta de Fiscales de Sala como contempla el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El hecho de que el fiscal general del Estado sea un cargo institucional nombrado por el Gobierno ha levantado siempre las sospechas cuando ha tenido que tomar decisiones como la que ahora afecta a Josep Piqué. Por eso, durante el Debate sobre el estado de la Nación, algunos partidos políticos como Izquierda Unida y Partido Socialista presentaron propuestas de resolución que, no obstante, fueron rechazadas tanto por el Partido Popular como por Coalición Canaria y Convergencia i Unió, y no salieron adelante. IU proponía que el fiscal general del Estado fuera nombrado por el Parlamento. El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, en la jornada más caldeada del debate, solicitó establecer mecanismos para impedir la politización del fiscal general del Estado y de sus decisiones. Así, por ejemplo, que en procesos contra aforados -como es el caso de Piqué- se mantenga al margen y no intervenga.