MADRID

De políticos, corrupción y otros delitos

Por Cristina Casares2 min

España22-06-2003

Siete delitos para ocho acusados. Así lo refleja la querella que la Fiscalía de Madrid ha interpuesto contra altos cargos del PP. Entre los sospechosos se encuentran Francisco Bravo y Francisco Vázquez, conocidos constructores que supuestamente se encontraban detrás de la ausencia en la Asamblea de los dos diputados socialistas. La trama de la crisis en la Asamblea de Madrid se complica cada vez más.

Prevaricación, asociación ilícita para cometer delitos relativos al mercado y a los consumidores, cohecho, blanqueo de capitales, revelación de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y maquinación para alterar el precio de las cosas. Éstos son los siete delitos que constan en la querella que la Fiscalía de Madrid presentó el pasado viernes. Entre los acusados destacan dos nombres que a más de un socialista se le han aparecido en sus peores pesadillas: Francisco Bravo y Francisco Vázquez. Dos constructores dueños de la inmobiliaria Euroholding aunque más conocidos por ayudar, supuestamente, a que Eduardo Tamayo y Teresa Sáez se ausentaran de la Asamblea de Madrid. Es más: Bravo fue el encargado de reservar las habitaciones de hotel para que se refugiaran los dos diputados. Pero la trama es más complicada. Entre políticos, constructores y funcionarios se sospecha que se urdió todo un plan de corrupción inmobiliaria con Alcorcón como principal lugar de actuación. Fuentes de la investigación sintetizan así la trama: "Unos ponían el dinero, otros hacían los favores políticos y los otros, los técnicos, daban apariencia de legalidad a las ilícitas acciones". Uno de los políticos implicados es el ex alcalde popular de Alcorcón, Pablo Zúñiga. Según la querella, su misión consistía en dar luz verde a la construcción de más de 40.000 viviendas en dos grandes parajes conocidos como Ensanches Norte y Sur. Hasta aquí todo bien. Pero existía un obstáculo: el Ensanche Norte estaba clasificado como no urbanizable. A pesar de que se aprobó el proyecto, no se ha colocado ni un solo ladrillo porque la Comunidad de Madrid paralizó el plan inmobiliario. Un plan cuyos beneficios podrían haber alcanzado los 6.000 euros (un billón de pesetas). Sin embargo, esta trama inmobiliaria contaba con más integrantes. Leopoldo Arnaiz Eguren: el arquitecto. Zúñiga le contrató en sustitución de su anterior secretario, que siempre se opuso a sus planes urbanísticos por ilegales. Arnaiz está implicado ya en otras diligencias judiciales por diversas operaciones urbanísticas. Juan Benigno Alonso: el socio, que se encargó también de poner dinero para comprar los terrenos. Fernando Díaz Robles: el concejal de Hacienda. El ex concejal popular de Alcorcón contrató al arquitecto Arnaiz a instancias del Alcalde. Manuel Hermo: el encargado del suelo. Era el representante de propietarios de suelo de Alcorcón.