COMUNIDAD DE MADRID

Madrid volverá a las urnas el próximo otoño

Por Raúl Romero Martín3 min

España20-06-2003

PP y PSOE, que renuncian al apoyo de los tránsfugas, discrepan sobre la fecha de las próximas elecciones a la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre, candidata popular a la Presidencia de la Comunidad, apuesta por un pacto con PSOE e IU para acordar la fecha de los próximos comicios en un plazo no superior a dos meses. Mientras, el candidato socialista, Rafael Simancas, deja abierta la posibilidad de ser investido presidente si durante los dos meses Tamayo y Sáez entregan sus actas de diputados.

La Comunidad de Madrid volverá a las urnas tras el verano. La convocatoria de nuevas elecciones se ha vuelto inevitable al haber renunciado PP y PSOE a optar a la Presidencia con el apoyo -explícito o implícito- de los dos diputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez. El candidato socialista, Rafael Simancas, comunicó a la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa (PP), que rechazaba ser investido con los votos de Sáez y Tamayo, que el miércoles habían expresado por carta sorpresivamente su intención de apoyarle. Aguirre -que podría ser elegida con la abstención de los dos desertores- ya lo había hecho días atrás-, volvió a reiterarlo. Las discrepancias ahora PSOE y PP son también en el calendario electoral. Los socialistas plantean que las elecciones sean convocadas a finales de agosto, y que ahora se abra un periodo de dos meses para prever la posibilidad de que Tamayo y Sáez decidan renunciar a su escaño. En ese supuesto, Simancas pediría acudir al debate de investidura tras sustituir a tales diputados por los dos siguientes de la lista socialista. Sus 47 votos, más los 9 de IU, le darían la mayoría absoluta de la Cámara: 56 escaños, frente a 55 del PP. La cabeza de lista del PP, Esperanza Aguirre, manifestó ayer a este respecto que lo más razonable sería un pacto con el PSOE e IU para acordar la fecha de las elecciones, pero sobre la base de considerar terminada esta legislatura y disuelto el Parlamento regional. Aguirre dijo que esperar dos meses para tal disolución supone "una interpetación jurídica forzada, pues ese plazo es inexistente si no hay intento de investidura". El PSOE, en cambio, quiere dejar abierta la posibilidad de que los dos diputados abandonen el escaño, ya sea por propia decisión o porque se lo impongan los tribunales, como tienen planteado los socialistas en su querella. Aguirre, a su vez, señaló que ese plazo de dos meses carece de sentido una vez constatado que ninguno de los posibles candidatos quiere someterse a la investidura. De hecho, aunque Aguirre o Simancas pudieran salir elegidos, la permanencia de Sáez y Tamayo en sus escaños supondría una seria amenaza para la estabilidad del Gobierno que se formara. Aguirre insistió al respecto en que el PP rechaza que "esas dos personas (Tamayo y Sáez) tengan la llave del Gobierno y del funcionamiento de la Comunidad". Añadió que esperar dos meses más "nos mantendría al albur de que se dijera que ha habido pactos (para su eventual abandono), y habría que preguntarse con qué personas y de qué clase". El periodo de 15 días para proponer un candidato a la investidura termina el próximo 27 de este mes, fecha en que se cumplen dos semanas desde la constitución de la Asamblea. El PP estima que a partir de ese día cabe disolver el Parlamento regional en cualquier momento, pero propone acordar la fecha, porque las elecciones tendrían que celebrarse 55 días después, y a nadie le interesa que eso suponga ir a votar a finales de agosto. El PP cree que es posible establecer un compromiso político para dar por terminada esta legislatura, aunque la fecha de disolución se pacte para finales de julio de modo que la celebración de las elecciones en ningún caso sea anterior a finales de septiembre. El PSOE abre otro frente para dificultar la inmediata disolución de la Asamblea. Formalmente, quien tiene la autoridad para disolver es el presidente de la Comunidad. El portavoz socialista, Jesús Caldera, dijo a este respecto que ha encargado un dictamen sobre la presunta ilegalidad de la actual situación de Alberto Ruiz-Gallardón, por ejercer a la vez como alcalde de Madrid y como presidente autonómico. El PP tiene otro dictamen que niega tal incompatibilidad.