LUCHA CONTRA ETA
Garzón imputa a 22 componentes de Batasuna por pertenencia a ETA
Los miembros de la anterior dirección política de Batasuna
Por Cristóbal Cabezas
1 min
España22-11-2002
El juez Baltasar Garzón imputó un delito de pertenencia a organización armada a 22 componentes de la dirección de Batasuna al considerar que forman parte de la estructura directiva de ETA. Entre los imputados está uno de los anteriores cabecillas de la organización Jon Idígoras y los jefes etarras Mikel Albisu, alias Mikel Antza, considerado el jefe político de ETA y el histórico Eloy Uriarte, alias señor Robles.
Además, el juez ha enviado un informe al fiscal antes de decidir si procede contra los parlamentarios de Batasuna -anteriormente Herri Batasuna (HB)- en las Cámaras de Vitoria y Pamplona, José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea Josu Ternera, Antton Morcillo Torres, Arnaldo Otegi Mondragón, Jon Salaberría Sansinenea, José Federico Álvarez Forcada y Santiago Pío Quiroga Astiz. La resolución asegura que "al menos hay indicios de que existen una serie de responsables de la dirección de ETA que han formado o forman parte del entramado directivo de la organización terrorista en varios de sus frentes, y en particular en Batasuna, con perfecto conocimiento y alcance de la integración de ésta en el marco del complejo terrorista liderado por ETA, y por tanto se hayan integrados en la organización terrorista". Además de los citados, el juez imputa a Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Joseba Urquijo, Juan Carlos Rodríguez González, Mikel Arregui, Esther Aguirre, Carmelo Landa, Sabino del Bado, Miren Jasone Manterola, José Luis Elkoro, Joseba Permach, Florencio Aoiz, Juan Pedro Plaza Lujambio, Santiago Hernando Sáez, Juan Cruz Aldasoro, Kepa Gordejuela, María Isabel Mandiola y Segundo López de Aberasturi. Todos ellos, menos los miembros de ETA que se encuentran fugados, están citados para declarar el próximo 13 de diciembre. Asimismo, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rebatido por unanimidad la recusación de su presidente, Manuel Jiménez de Parga, que el Gobierno vasco planteó para retirarle del debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de Partidos Políticos.