SECTOR BANCARIO
Garzón suspende el expediente administrativo para poner en marcha el proceso penal
Por Gema Diego2 min
Economía03-11-2002
Varios meses de investigaciones han dado su fruto en la Fiscalía Anticorrupción. Las pruebas recopiladas por ésta han permitido al fiscal David Martínez Madero afirmar que la creación de los 22 fondos de pensiones en Alico suponen un delito de apropiación indebida que afecta al ex copresidente de la entidad, Emilio Ybarra, y a otros 19 ex consejeros.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, recibió un escrito de Anticorrupción con varias peticiones. La primera, que suspendiera el expediente administrativo sancionador cursado contra el BBVA por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La segunda, que separara en dos piezas el proceso sobre los fondos de pensiones y la acusación de blanqueo de dinero de la entidad en México. Por último, Madero también solicitó a Garzón que metiera prisa a Arthur Andersen para que entregase los documentos que se le pidieron en mayo y junio sobre la auditoría del BBVA. Garzón ha visto con buenos ojos el deseo de Madero por activar de nuevo el caso, y ha accedido a dos de sus demandas, aparte de consultar a acusación y defensa sobre la conveniencia de separar las tramas. Así, con la interrupción del expediente administrativo, Ybarra y otros 19 consejeros entran en un proceso penal, del que se pueden derivar penas de entre uno y seis años de cárcel. La lista de imputados no llega hasta los 22 titulares de fondos, puesto que la Fiscalía Anticorrupción exculpa a los ex consejeros Federico Lipperheide y Juan Manuel Zubiría, que también dispusieron de una cuenta a su nombre, ya que desconocían "la ilicitud del acto". Ambos habían dejado sus cargos tres años atrás. En cambio, otros dos directivos también se suman a la lista de imputados, al entender Anticorrupción que fueron los responsables directos de la creación de las cuentas. Según Martínez Madero, Rodolfo Molinuevo y Luis Bastida dieron la autorización para transferir el dinero desde el paraíso fiscal de Niue (Polinesia) hasta Alico, a pesar de que carecían de poderes para ello.