Banca

El BdE informa de su supervisión de los sistemas de pago

Por Javier Álvarez Lago5 min

Economía25-08-2017

El departamento de Sistemas de Pago del Banco de España (BdE) ha publicado dos informes sobre los llamados medios de pago e infraestructuras de mercado. Así, mientras que uno de ellos se centra en las tareas de supervisión y normalización que lleva a cabo el Banco Central español en este materia, otro se centra más bien en los principales datos macroeconómicos relacionados con esta cuestión, siendo especialmente relevante el observar cuales de estos han sufrido cambios durante el reciente periodo de crisis económica y financiera mundial.

Los medios de pago, tal y como aparece en la página web del BdE, son "la infraestructura a través de la cual se movilizan los activos en una economía". Respecto a esto, el BdE tiene el papel fundamental de, además de vigilar por el correcto funcionamiento del conjunto, actuar ante posibles fallos de seguridad, así como adoptar para el caso español las directrices provenientes desde el seno de la Unión Europea, ya que esta es una materia en la que se ha ido armonizando cada vez más en los últimos tiempos.

Así, para el primer trimestre de 2017, existían en España unos 50.000 cajeros automáticos, desde los cuales se retiró durante este periodo unos 27.387 millones de dinero en efectivo. La primera de estas cifras, la del número de cajeros existentes en el país, ha sufrido una drástica reducción tras la crisis (lo que, además de a la coyuntura económica, podría achacarse a la creciente robotización y virtualización que sufre el sector), ya el máximo histórico aparece para el año 2008, cuando existían 61.714 cajeros. Mientras tanto, el pasado 2016 se alcanzó el importe total de 118.275,31 millones de euros, cifra ligeramente por encima del máximo histórico hasta la fecha, que databa también de 2008.

Por otra parte, el parque de terminales de punto de venta (TPV) asciende en el primer trimestre de 2017 hasta los 1.713.410 de dispositivos, el máximo histórico. Y es que, al contrario de lo que ocurre con los cajeros, el número de TPV existentes en España no se vio afectado en gran medida por la crisis, mostrando su número total un avance relativamente constante desde 2002, año en el que el BdE comienza a calcular esta cuestión. Relacionado con esto, tanto el número de operaciones como los importes derivados de estas también se encuentran, para 2016, en su máximo histórico. Así, en este periodo las cerca 3.045.500 de operaciones realizadas con estos dispositivos supusieron la circulación de 124.406,51 millones de euros. Todo parece indicar a que en 2017 se volverá a superar este récord.

Para el primer trimestre de 2017 existían en España 75,85 millones de tarjetas, cifra situada cerca de la mostrada durante el periodo 2007-2009, cuando alcanzó su máximo. De estas, 49,88 millones son tarjetas de crédito, mientras que 25,97 son de débito. La media de coste de estos productos (que pagan las empresas que utilizan TPV para posibilitar el pago con tarjeta en sus negocios) ronda los 0,23 euros de comisión para las segundas, mientras que el porcentaje que se quita a las compras efectuadas con tarjetas de créditos, que se halla por debajo del 1% desde 2006, ronda el 0,61%, ambos datos para el segundo trimestre de 2014. En relación a esto último, cabe destacar que las comisiones varían según el negocio, ya que van desde el 1,03% que se cobra a las farmacias al 0,27% y 0,00% que se cobra, respectivamente, a la construcción de autopistas y a las actividades de caridad.

Para el buen funcionamiento de estos medios de pago es necesario disponer de unas infraestructuras tan eficientes como seguras, capaces de actuar ante posibles errores o incidentes, tengan estos un origen provocado o no. Así, además de las funciones de cooperación y armonización que el BdE realiza junto a otras instituciones financieras europeas (especialmente el Banco Central Europeo), hay que añadir el conjunto de actividades de vigilancia de estos medios.

Tal y como aparece en el informe, "en términos de importes procesados, el principal sistema de pagos existente en España es TARGET2" (T2-BE es la nomenclatura usada para la versión española de este sistema, armonizada con el resto de países europeos), si bien cabe destacar que este sistema es usado principalmente por los bancos, ya sean estos centrales o comerciales, para el procesamiento de sus pagos. Así, "cada seis días, el T2-BE liquida, aproximadamente, un importe similar al PIB anual de España", lo que no es dada desdeñable, pues significa que mueve una media diaria de unos 181.350 millones de euros.

Para supervisar el correcto funcionamiento de este sistema, el BdE, además de llevar a cabo las debidas labores de mantenimiento, realizada otras medidas de carácter preventivo. Así, por ejemplo, recientemente se simuló un ataque cibernético a gran escala en este sistema para comprobar si este era vulnerable a este tipo de ataques. A este respecto, el sistema tuvo 14 incidentes durante 2016, si bien "ninguno de ellos afectó gravemente a la disponibilidad del sistema".

Junto al TARGET2 se encuentra el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), que agrupa la mayoría de pagos minoristas que tienen lugar en España, como pueden ser las trasferencias, los cheques o las letras de cambio. Así, el TARGET2 mueve mucho más dinero que el SNCE, pero este aglutina un número infinitamente mayor de operaciones diarias, ya que se realizan unas 6,8 millones de operaciones de este tipo al día.

En este sistema, gestionado por la principal cámara de compensación española, la Sociedad Española de Sistemas de Pago (Iberpay), tuvieron lugar en 2016 34 incidencias, ninguna excesivamente grave. También este mismo año el BdE modificó los estatutos de esta Sociedad con el objetivo de hacerla más trasparente y responsable. Así, por ejemplo, se ampliaron las competencias de los órganos de control y auditoría y se fijaron evaluaciones internas periódicas para sus consejeros. En el seno de Iberpay también se ha producido una creciente armonización entre las bolsas bursátiles de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, labor realizada junto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por último, en 2016 se registraron en España al menos 888.000 operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito y débito emitidas en el país, lo que supuso un importe de 56 millones de euros. En total, el 0,021% de las operaciones realizadas fueron fraudulentas, cifra ligeramente por encima que la que muestra 2015. A este respecto, preocupa especialmente, la componente netamente informática de estas tarjetas, susceptibles de sufrir ataques informáticos. Así, un objetivo del BdE en esta materia (al igual que con respecto a otros sistemas de pago) es avanzar hacia la llamada "resiliencia cibernética de las infraestructuras del mercado financiero", lo que puede definirse como la "capacidad para anticipar, resistir, contener y conseguir una rápida recuperación frente a un ataque cibernético".