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Cataluña

El bloque independentista registra su ley para el referéndum

Por Javier Álvarez LagoTiempo de lectura2 min
España31-07-2017

Esta ley es la respuesta con la que el independentismo contraataca la reciente decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar la llamada "reforma exprés" de la Mesa del Parlament de Cataluña, reforma que permite la adopción de medidas sin el debido debate parlamentario, entre otras cuestiones. La oposición catalana la tacha de "reforma-mordaza" y pretende que el Tribunal Constitucional la anule. Ahora, con esta ley, que ha sido presentada por el trámite de urgencia, se pretende detallar el cómo se realizará el referéndum.

Así, la ley prevé que, en caso de ganar la tesis secesionista, Cataluña pasará a ser un país independiente 48 horas después de la celebración del referéndum. Si, por el contrario, gana la permanencia en España, en ese mismo lapso temporal se convocarán elecciones autonómicas. Asimismo, se contempla el uso de instalaciones no electorales para el día de los comicios, ya que muchos alcaldes de Cataluña ya han advertido de que no prestarán para este propósito sus colegios. Conviene recordar que el referéndum deberá ser anunciado en un posterior decreto, mientras que todo parece indicar que la Mesa del Parlament aprobará esta ley el próximo 16 de agosto.

Al independentismo, por otra parte, no parece preocuparle las medidas que pueden realizarse desde el Gobierno o desde los propios aparatos judiciales para paralizar su proyecto. En palabras de Lluís Corominas (JxSí),"la democracia en Cataluña no la detendrá ni el señor Rajoy ni el Tribunal Constitucional". Desde las filas del ejecutivo español, por el contrario, se insiste en que el referéndum no tendrá lugar, así como se advierte de que se tomarán las medidas que se consideren oportunas para ello. Así, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha escrito en su cuenta de Twitter que "no se puede consentir que se vulnere la Ley y no pase nada por ello. Y menos aún cuando ya hay tantas advertencias".

Mientras tanto, parece que la sociedad catalana continúa avanzando en su espiral irrefrenable de polarización política. Muestra de ello, de fondo las comandancias de la Guardia Civil de Barcelona, ha tenido lugar el 31 de julio un enfrentamiento (si bien exclusivamente verbal) entre grupos independentistas y grupos contrarios a esta tesis. Así, los primeros, alentados por la CUP, se presentaron en el lugar en señal de protesta contra los interrogatorios que está realizando la Benemérita en pos de hallar ilegalidades en la preparación del referéndum; interrogatorios que, si bien se realizan bajo el amparo de la ley, el cuerpo ha realizado sin que ningún juez los pidiese.

Aunque pueda parecer absurdo a simple vista, la propia CUP ha emitido un comunicado en su página web en la que se "autoinculpa" de ser "coautora y cooperadora necesaria" del referéndum, llegando a pedir a la Guardia Civil que investigue también a sus miembros. Esto no es nada desdeñable teniendo en cuenta que los presuntos delitos que se investigan pueden llevar a la cárcel a sus cometedores.

Por su parte, el Govern presidido por Carles Puigdemont ya anunció en su día que denunciaría a la propia Guardia Civil, a la que acusa de realizar su trabajo sin la debida imparcialidad, por estas investigaciones. El ministro Juan Ignacio Zoido, por el contrario, ha criticado la movilización de la CUP al afirmar que "no se puede intimidar a quienes nos protegen. Alentar estas protestas desde un partido con responsabilidades de gobierno es muy peligroso".