POLÍTICA

La delegada de Madrid, investigada por delito societario

Por Luis Artola4 min

España10-05-2017

Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid se encuentra en calidad de investigada junto a otras 14 personas, todos ellos cargos públicos por un presunto delito societario en una operación con Mercamadrid, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La demanda parte de la Fiscalía Provincial madrileña después de la denuncia de la actual presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras por sospecha de prácticas irregulares en 2013. Dancausa cree que la denuncia se archivará por la omisión en la misma de hechos esenciales.

La delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa ha sido imputada tras la apertura de diligencias del Juzgado de Instrucción número 15 de la capital, junto a otros 14 altos cargos públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido un comunicado en el que asume que “la instrucción del asunto será respecto a ellos en calidad de investigados”. Éstos lo están por un presunto delito societario del que participaron a través de una operación fallida en Mercamadrid. Los cargos serían por administración fraudulenta a consecuencia de la demanda interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid, según ha publicado El País.

El mismo Juzgado ha extendido la posible denuncia a otros perjudicados de Mercamadrid. En abril pasado Dancausa fue denunciada "por un delito societario del artículo 295 del Código Penal" contra los depósitos de Mercamadrid en la era en que figuraba como concejal del equipo presidido en Madrid por Ana Botella. La rápida actuación de la fiscalía se produce tras la denuncia del actual equipo del Ayuntamiento madrileño por la que se estimaba la posible malversación de caudales públicos por unos terrenos adjudicados en Mercamadrid.

La posible operación delictiva se produjo a consecuencia de la cesión de unos terrenos a los gestores del mercado central de mayoristas por el que pagaban hasta 41,500 euros al mes con prórroga hasta 2032. Entre los investigados se encuentra el exprimer teniente de alcalde durante el Gobierno de Ana Botella, Manuel Troitiño Pelaz y el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, Pablo quien se encuentra en prisión preventiva como uno de los responsables del caso Lezo y responsable en su momento de Mercasa.

Otro de los investigados es el exdirector general de Mercamadrid, José-Manuel Torrecilla Jiménez; la exdirectora general de Economía y Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Silvia Llerena Muñoz o la jefe de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa, maría Jesús Prieto. Uno de los cargos directivos del Canal de Isabel II, Manuel Beltrán Pedreira, también ese encuentra en la denuncia. Otros exdirectivos de Mercamadrid, como Marta Fernández-Pirla Martínez, actualmente perteneciente al Tribunal de Cuentas y el empresario José Domingo Rodríguez Losada, vinculado a la construcción en Marbella, completan la lista. No obstante, todos ellos eran miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013.

La delegada del Gobierno ha asegurado que se encuentra "absolutamente tranquila" y justifica sus acciones de acuerdo a informes. Ha quitado importancia a su calidad de investigada, ya que "entra dentro de la normalidad que un juez quiera investigar la denuncia de un fiscal". De todas formas ha asegurado posteriormente y, a través de un comunicado que "no es cierto que haya sido imputada" en relación a su condición de investigada.

Asimismo, Concepción Dancausa ha remitido un informe con documentación en el que, según la delegada del Gobierno madrileño, se demuestra que la denuncia "omite hechos esenciales". Lo explica alegando que la operación era beneficiosa para Mercamadrid ya que Mercasa se responsabilizó del subarrendamiento las naves de Merca Ocio por el mismo precio. Añade en el mismo que no se han comprobado acciones irregulares por parte de la Fiscalía y, por ello, "estoy convencida de que la denuncia se archivará". Ha advertido ante ello que tomará las medidas legales necesarias para la reparación de su daño "reputacional y moral.

Sin embargo, el PSOE madrileño ha solicitado la dimisión de Dancausa dado que "no puede estar ni una hora más al frente de la Delegación del Gobierno" según la portavoz, Purificación Causapié.

Esta imputación se origina tras la denuncia hace doce meses de una operación de Mercamadrid por su presidenta actual, Marta Higueras y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Ambos creían en la posibilidad de la realización de prácticas irregulares en dicha sociedad en la cual el Ayuntamiento participaba en un 51%. Tras ello, la Fiscalía Provincial de Madrid asumió la denuncia el pasado mes de Abril.

Considera que el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio se debe a que los cánones no pagados produjeron una pérdida de ingresos a Mercamadrid de 698,397,70 euros además de la obligación de la misma al pago a dicha empresa de 592,208,40 euros desde el uno de octubre de 2013. Por tanto, el acuerdo no era equitativo dado que Merca Ocio no realizó concesión alguna. Además se suma un informe del Ayuntamiento de Madrid en el que se comprueba que el precio del arrendamiento era un 81% superior al del mercado en ese momento.