EMPLEO
El Gobierno ofrece una subida salarial del 1% al empleo público
Por Luis Artola
3 min
Economía23-03-2017
Las negociaciones del Ejecutivo con los sindicatos de los funcionarios no han derivado aún en un acuerdo global. El Gobierno apunta a una subida salarial del 1% de este colectivo, tras los recortes producidos durante la crisis. Los representantes sindicales no están de acuerdo en lo que supondría aún una elevación muy por debajo del IPC actual, del 3% hasta el momento. Únicamente puede haber consenso en la proposición de mejorar la precariedad laboral.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 están a punto de ser presentado en el Consejo de Ministros, el próximo 31 de marzo. Uno de los puntos de interés para poder ser aprobados tiene que ver con los empleados públicos. Concretamente, casi 3 millones de funcionarios han visto cómo durante los últimos años su salario se ha mantenido invariable.
El Gobierno pretende en esta ocasión plantear una subida del 1% en el salario de los empleados públicos así como una serie de “medidas antiprecariedad”, así denominadas por el Ejecutivo, en las que se proponen normas de estabilización del empleo público. El primer intento de acercamiento se ha producido este pasado miércoles tras convocar los responsables de Hacienda con Elena Collado como secretaria de Función Pública una reunión con los distintos sindicatos de los funcionarios. Es la tercera asamblea en las últimas semanas. Las propuestas del Gobierno no convencen del todo a los sindicalistas, no habiéndose producido aún un acuerdo global.
El plan aún sin cerrar de la subida salarial del 1% para este ejercicio del 2017 sigue siendo insuficiente para los representantes de la función pública. En primer lugar, supone un incremento muy inferior a la subida de los precios, es decir, del IPC, que durante los primeros meses de este año ha llegado a un 3%. Ello continúa produciendo una inestabilidad económica para este colectivo, después de la pérdida de su poder adquisitivo durante los años de crisis, tras ser sometidos a congelación e incluso reducción salarial.
Ante la necesidad impuesta por sindicatos de estabilización del empleo público, el Ejecutivo ha dejado en manos de los presupuestos de 2018 que comenzarán a elaborarse durante este verano la posibilidad de negociación para establecer medidas compensatorias. En cuanto a la precariedad vivida por el funcionariado en los últimos años, y por la cual el Gobierno fue objeto de una sentencia procedente del Tribunal de Justicia de la UE por entender que se discriminaba a los trabajadores interinos, ha comenzado un acercamiento de posiciones.
Para ello el Gobierno aspira a mejorar la estabilidad laboral a partir de una reducción de la temporalidad en los próximos tres años, de un 25% en la actualidad al 8%. La intención, según fuentes cercanas, es la convocatoria de concursos-oposiciones abiertos pero con el reconocimiento añadido del tiempo trabajado por los interinos. Esta proposición, no cerrada, conllevaría la estabilización de al menos 250.000 empleados.
La destrucción de empleo público provocada tras la jubilación de empleados públicos, ha planteado un borrador de soluciones que tampoco convence a los representantes sindicales. En los últimos años la retirada por jubilación en una gran parte de los casos no era sustituida, lo que ha provocado un número cada vez menor de empleados dependientes de la Administración pública. De hecho, únicamente en servicios de carácter prioritario la sustitución era del 100% y en el resto, solo el 50%. Por ello, el Gobierno ha sugerido una tasa de reposición del 100% en un mayor número de servicios.
Por tanto, de momento la única posibilidad de pacto por ambas partes podría ser, con ciertos cambios, el intento de solución de la precariedad laboral. Se esperan nuevas negociaciones en la próxima semana, cuando según fuentes sindicales, quieren que las propuestas del Ejecutivo sean rubricadas por escrito. Antes de la presentación y aprobación de los Presupuestos en el Consejo de Ministros se producirá la constitución de la Mesa General de las Administraciones Públicas.