Cataluña
El TSJC abre juicio oral contra Artur Mas por el 9-N
Por Beatriz Alcántara Gil
2 min
España13-10-2016
Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega han sido procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tras la celebración del 9-N. Los procesados se enfrentan a una acusación de desobediencia y prevaricación que no les llevará a la cárcel. Mas, Ortega y Rigau sí podrán sufrir la inhabilitación para cargos públicos si son declarados culpables en el juicio.
El magistrado José Francisco Valls, del TSJC, ha ordenado la apertura de juicio oral contra Artur Mas, ex presidente de la Generalitat; Irene Rigau, ex consejera de Educación y Joana Ortega, ex vicepresidenta de la Generalitat. Los tres políticos catalanes son acusados por delitos de desobediencia grave y prevaricación administración tras celebrar el referéndum del 9-N pese a la suspensión del Tribunal Constitucional. Por un lado, Artur Mas ha sido acusado como "autor" de los delitos de los que se le acusa, por lo que se enfrenta a diez años de inhabilitación para que no pueda ejercer "funciones de gobierno " ni ningún "cargo público electivo". Por otro lado, Irene Rigau y Joana Ortega acudirán al juicio en calidad de "cooperadoras necesarias" y su condena se reduciría a nueve años de inhabilitación en cargos públicos.
El anuncio de esta apertura de juicio oral ha sorprendido tras ver cómo Mas, Rigau y Ortega han evitado la acusación de malversación de causales públicos que había planteado la acusación popular y que podría haberles llevado a la cárcel. Esta solicitud por malversación había sido presentada por dos acusaciones populares que pedían seis años de cárcel para cada uno de los acusados y que estaban formadas por la Unión Federal de Policía, el Sindicato Profesional de la Policía y Manos Unidas, entre otras agrupaciones. Esta acusación fue admitida en un primer momento por la Fiscalía Superior de Cataluña, pero luego la denegó tras comprobar que la mayoría de los gastos ocasionados por el 9-N fueron pagados con anterioridad a la suspensión del Tribunal Constitucional. La acusación popular dispone ahora de cinco días para recurrir la exclusión del delito de malversación por parte del TSJC.
El magistrado Valls aclara en el auto que Mas "articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC, amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad (...)". Además, Valls incide en el uso de instrumentos públicos: "Lejos de ser interrumpida, la utilización de instrumentos y procedimientos públicos continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior la apariencia fuera de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios".
El Gobierno español no ha tardado en reaccionar a la apertura de juicio oral contra Mas, Rigau y Ortega a través del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá. El ministro ha señalado que esta apertura es una magnífica noticia que demuestra que la Justicia española funciona día a día, a la que también califica como "segura" y "cierta". El Gobierno no ha sido el único en comentar la noticia, ya que el PDECat (Partit Demòcrata Europeu Català) no ha dudado en denominar como un "sinsentido" que se haya abierto un proceso judicial contra los tres ex políticos catalanes tras el 9-N.