Blanqueo
El Supremo abre investigación contra Rita Barberá
Por Paula Martínez del Mazo
2 min
España13-09-2016
La Sala de lo Penal investiga a Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, por un presunto delito de blanqueo de capital cometido en el Ayuntamiento de Valencia. La petición la formuló el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en el mes de julio, pidiendo que la causa se reabriera debido a las sospechas que tenían sobre las cuentas municipales del PP.
El juez también reclamaba investigar a Rita Barberá por su relación con Mari Carmen García-Fuster, secretaria del PP valenciano y principal imputada de la causa. En el auto, el Supremo afirma que los hechos descritos por el Juzgado de Instrucción de Valencia pueden ser “constitutivos de un blanqueo de capitales”, sin perjuicio de lo que pudiera pasar en la investigación.
La exposición razonada del auto asegura que hubo una conversación telefónica en la que se decía que se había realizado un donativo a través de una transferencia bancaria de 1.000 euros a una cuenta del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia para blanquear el dinero y devolverlo en dos billetes de 500 euros.
En la conversación se hace referencia a Mari Camen García Fuster como la persona que presuntamente habría entregado los billetes y se habla de Rita Barberá sin mencionar alguna acusación específica. A este respecto, el auto dice que "a juicio de este instructor, las alegaciones efectuadas por la aforada, no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluye nte de su posible implicación, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo esta exposición".
Por este motivo, Barberá no queda excluida aunque no existan todavía pruebas concluyentes. Ni las personas que han declarado como investigadas, ni tampoco las que han declarado como testigos han declarado una participación concreta de Rita Barberá. Sin embargo, el auto del Supremo también asegura que Barberá "fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros", por lo que "resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada”.
Esta investigación se realiza al margen del caso Taula, en el que hay casi medio centenar de imputados con el PP como persona jurídica, al igual que en este caso. El caso Taula se inició el pasado mes de enero, en una operación realizada por la Guardia Civil, la cual se centraba en el amaño de contratos públicos. Los contratistas del Ayuntamiento de Valencia aportaban dinero al Partido Popular y este lo blanqueaba a través de distintos procedimientos ilegales, entre ellos el de devolver a diferentes miembro del partido donativos de mil euros que ellos mismos habían realizado en sobres con billetes de 500 euros.