CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno recurre ante el Constitucional las leyes de paridad electoral

Por Ana María Riaza2 min

España28-09-2002

La que parecía una de las propuestas más firmes del Partido Socialista (PSOE) para los comicios autonómicos y municipales de 2003 en Baleares y Castilla la Mancha, quedará en el aire durante los próximos cinco meses hasta que el Tribunal Constitucional establezca si decide o no mantener tal suspensión.

Así lo decidía la pasada semana el Consejo de Ministros del Partido Popular (PP), al declarar inconstitucionales las leyes de paridad electoral de ambas comunidades. El requerimiento no ha tardado en levantar las primeras ampollas entre ambos Gobiernos autonómicos de Baleares y Castilla la Mancha, presididos por los socialistas Francesc Antich y José Bono, respectivamente, que han acusado a su principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), de acudir al Ejecutivo central para que le solvente los caprichos que no es capaz de liquidar por si mismo en el Gobierno de autonomías. "Cuando la derecha no gana en el Parlamento balear recurre a su hermano grande, el Gobierno del PP, para intentar vencer a través de recursos ante el Constitucional", afirmaba el consejero portavoz balear, Antoni Garcias, quién además comparó el comportamiento del PP balear con el llevado a cabo frente a la ley de la ecotasa o los consejos insulares. La modificación de la Ley Electoral fue aprobada por las Cortes Regionales hace tres meses, cuando los grupos que conforman el Parlamento balear convertían por primera vez en ley la posibilidad de presentar, en período electoral, listas paritarias: esto es, con idéntico número de candidatos hombres y mujeres. De este modo, las listas paritarias evolucionaban rápidamente a las "listas cremallera" aprobadas poco después en Castilla la Mancha, y que obligan a que en las candidaturas de todos los partidos las listas presenten mismo número, y alternancia en el orden, de hombres y mujeres. En lo que al Gobierno central concierne, ambas leyes vulneran deliberadamente determinadas competencias estatales, ya que sólo el Estado puede "garantizar la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos", y, por tanto, el dictamen de dichas leyes sólo estaría al alcance del Ejecutivo central, y nunca del autonómico. Al menos éstos últimos argumentos presentados por el Gobierno del PP se sustentan sobre cimientos algo más convincentes que los expuestos en su momento por el líder del PP balear, Jaume Matas, al definir la propuesta legislativa socialista como "política de barniz", o de la diputada popular Margarita Cabrer, al afirmar que las listas darían paso a la proliferación de "auténticas mujeres florero" dentro de los Parlamentos autonómicos, los cuales actualmente, parece ser no dan cabida a "hombres tetera".