UGT

Más de 150.000 afiliados han dejado el sindicato por la corrupción

Por Selene Pisabarro3 min

España13-03-2016

El nuevo secretario general de UGT deberá lidiar durante su mandato con los casos de corrupción en los que se ha visto inmerso el sindicato. Los ERE de Andalucía, los cursos de formación o las tarjetas black de Caja Madrid han restado credibilidad a una organización que ha sido liderada por Cándido Méndez desde 1994. Además, la Guardia Civil acusa a UGT de Andalucía de financiar el partido ilegalmente.

Más de 150.000 afiliados han dejado el sindicato en los últimos cuatro años como consecuencia del descrédito que ha provocado la corrupción de UGT. Por eso, uno de los desafíos a los que se enfrenta Josep María Álvarez será el de tratar de recuperar la confianza los trabajadores y atraer de nuevo a quienes dejaron atrás el sindicato.

Precisamente, el caso de los ERE de Andalucía salió a la luz en el 2010, cuando el exportavoz del PP en el ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denunció el intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla. La jueza Mercedes Alaya se hizo cargo de la instrucción y por el momento hay 276 investigados. El tribunal de Cuentas del Estado comienza una auditoría sobre para investigar los ERE que se realizaron en Mercasevilla.

De ello se extrae que alrededor de 7,6 millones de euros se transfirieron a los sindicatos por otras mediadoras entre el año 2000 y el 2010. Hace dos años la jueza investigó las cuentas de UGT y CC.OO. para determinar cuál fue la cantidad que cobraron de ayudas procedentes de la Junta.

Esta causa se desgaja en varias piezas, por lo que en junio del año pasado, la jueza Alaya deja de investigarlas todas para dedicarse exclusivamente a los ERE –aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decide apartarla en diciembre- y la magistrada María Núñez asume el resto de las macrocausas.

Además, los expresidentes Manuel Chaves y Juan José Griñán declararán como investigados esta semana por su gestión durante su etapa al servicio de la Junta de Andalucía. Por el momento, el Tribunal de Cuentas exige al Gobierno andaluz de Susana Díaz que devuelva 48,6 millones de euros por los ERE.

También UGT está inmerso en los procesos abiertos por una veintena de juzgados en torno a los cursos de formación, que surgieron a raíz de la investigación de Alaya sobre los ERE. Dos empresas que eran proveedores de UGT-A se dedicaban a organizar cursos para desempleados, de los cuales muchos no se llegaron a impartir. En su lugar, el dinero se destinaba a pagar las comisiones ilegales de los ERE. Se estima que alrededor de 3.000 millones de euros se destinaron como ayuda para sufragar los cursos entre el 2000 y 2013, aunque se desconoce la cantidad defraudada.

De esta forma, el sindicato se aprovechó de que los controles para estas subvenciones eran mínimos, así que ideó una contabilidad paralela. Se trata de un caso de financiación ilegal de UGT-A que ha durado más de diez años, según la Guardia Civil, y por el que hay 18 imputados. Gracias a las facturas falsas que emitían, recibían una cantidad de dinero que se dedicaba a favorecer tanto al sindicato como a sus miembros. Por eso, la Junta les reclama 15,3 millones de euros.

Fuera de Andalucía, UGT también ha tenido que ver con la polémica de las tarjetas opacas de Caja Madrid, que empleaban para gastos personales, ocio o viajes entre otros. Además, uno de los acusados de UGT ha reconocido que también utilizaba su tarjeta como vía para financiar al sindicato entre el 2003 y el 2007.