VITALDENT

Las franquicias de Vitaldent son independientes de la empresa matriz

Por Selene Pisabarro2 min

Sociedad17-02-2016

A pesar del escándalo que planea sobre la cúpula de Vitaldent, la organización de consumidores Facua asegura que las clínicas no tienen por qué cerrar debido a que la gran mayoría son franquicias y, por tanto, pertenecen a empresarios ajenos. Aun así, su portavoz, Rubén Sánchez, insiste en que puede haber establecimientos que “no sean capaces de reconducir la situación y la pérdida de clientes les aboque al cierre”.

También existe la posibilidad de que cambien de nombre debido al gran desprestigio que les está causando el fraude. En este caso el contrato firmado no varía y deben respetar las condiciones respecto al precio y las características, que pueden cancelar los clientes si así lo desean. Es por esto que un hipotético cambio de marca del establecimiento sólo permitirá que varíen las ofertas de cara a los futuros pacientes.

Por el momento, las clínicas atienden a sus pacientes con normalidad aunque hay fallos en el sistema informático. En el caso de que el cliente haya contratado el servicio con una franquicia, es ésta la que debe responder por el cumplimiento de sus obligaciones ya que es económica y jurídicamente independiente. Por tanto, a estos no les afecta la situación de la empresa matriz de Vitaldent, a pesar de que se enfrentan a la pérdida de clientes y a que los pacientes no pagan por los tratamientos que ya tenían planeado contratar.

Existen 364 clínicas en España y 2.500 odontólogos que trabajan en Vitaldent actualmente, según la Asociación Española de Franquiciadores (AEF). Del total, 233 son franquicias de Vitaldent que deben responder ante sus clientes porque mantienen una relación independiente con sus franquiciadores. También cuenta con 98 clínicas en Portugal, Polonia e Italia, de las cuales 68 son propias y 30 están gestionadas por otros.

Sin embargo, la AEF ha decidido suspender a Vitaldent como asociada por haber vulnerado el código deontológico de las franquicias que obliga a una gestión saneada y transparente. Facua ha creado una plataforma que recomienda a los afectados que tengan la documentación presente en cualquier momento porque las clínicas pueden reestablecerse por su cuenta y pretendan cambiar los contratos, algo que no es legal.

La operación Topolino ha permitido a la Fiscalía Anticorrupción investigar a los altos cargos del entramado de empresas. Las detenciones no afectarán por tanto al funcionamiento normal de las clínicas dentales, según el ministerio Público. Por esto, garantiza a los franquiciados la continuidad de sus negocios porque se trata de “una actuación judicial en defensa de los franquiciados denunciantes” que les asegurará la administración de los establecimientos.

La apertura de una franquicia cuesta alrededor de 280.000 euros, un negocio que se aleja de la marca de bajo coste por la que presume la empresa. Se trata de un contrato que tiene una duración de 10 años. Asimismo, el establecimiento debía poseer como mínimo 180 metros cuadrados y pagar un canon del 5% por lo que facturen y otro 5% por la publicidad en la que inviertan. De esta forma, se hacía muy complicado para un franquiciado emprender su propio negocio para obtener beneficios.