No aplicar al auto podría ser delito de desobediencia

Por La Semana2 min

España19-09-2002

Los servicios jurídicos de la Cámara vasca aconsejaron que Batasuna pasara a formar parte el grupo mixto, a pesar de acusar a Baltasar Garzón de “intromisión” en las competencias propias de la Cámara. Sin embargo, con los votos del PNV, EA e IU, la Mesa del Parlamento vasco decidió que Batasuna mantendrá su grupo parlamentario. La Audiencia Nacional alerta de la posible “quiebra del Estado de Derecho” y el presidente del Tribunal Supremo sugiere que podría significar un delito de desobediencia.

El lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, se ha defendido de las críticas y ha querido cerrar filas en torno a su Gobierno y su partido. Calificó las acciones judiciales de Garzón de “barbaridades” y aseguró que la respuesta ante ellas será “cumplir la ley” pero “con inteligencia”, aunque también prometió “oponerse” a todas la iniciativas que busquen el “choque” en el País Vasco. El presidente de su partido, Xavier Arzalluz, planteaba la cuestión como si se tratara de un ataque del Gobierno y de Garzón al mundo vasco. Hay que “aguantar y contraatacar”, declaró. También ha instado a “no aceptar la sumisión a una autonomía a la medida del PP” y a no renunciar a las aspiraciones nacionalistas. “Son tiempos de resistir”, anunció. El ministro de Justicia, José María Michavilla, considera que la declaración de la Mesa del Parlamento de considerar el auto de Garzón “nulo de pleno derecho” es “política” y “carece de eficacia”. El caso es que nunca se había producido una situación semejante. Para el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, el hecho de que la Mesa del Parlamento vasco haya decidido no suspender al grupo parlamentario Batasuna podría significar un delito de desobediencia a los mandatos del juez. Destacó que el Parlamento vasco puede recurrir la decisión de un juez, pero no declararla nula de pleno derecho, como ha sucedido. También explicó que no hay en la cuestión un conflicto de poderes: que hay un juez, que cumple su cometido, y una institución que no está de acuerdo y recurre la decisión del juez –declarando el auto “nulo de pleno derecho”-, además de ejercitar una acción directa contra él –la querella por presunta prevaricación-. El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, expresaba en una entrevista que el Gobierno estudia jurídicamente si recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa, y que la decisión del Ejecutivo vasco de presentar una querella contra Garzón no tiene sentido: “Si cada vez que una persona o institución se viera perjudicada por una decisión judicial, decidiera querellarse contra el juez en lugar de recurrir la decisión, se daría lugar a un Estado disparatado”. La Junta de jueces de la Audiencia Nacional decidió pronunciarse sobre el hecho alertando. Sin entrar en valoraciones jurídicas para no contaminar los procesos judiciales, han querido respaldar personalmente a su compañero Baltasar Garzón, ahora que se cuestionan su “independencia, profesionalidad e imparcialidad”. Pero, sobre todo, han querido alertar de la “quiebra que para el Estado de derecho conlleva el incumplimiento de resoluciones judiciales”. En este caso, el incumplimiento que significa no aplicar el auto de Garzón por el que se indicaba que Batasuna debe ser suspendida en su actuación como grupo parlamentario por ser considerada una prolongación de ETA y con el fin de prevenir la continuidad delictiva.