Elecciones 20-D
Ciudadanos crea la polémica en el debate a nueve
Por David Pastor
6 min
España10-12-2015
A pesar de los esfuerzos iniciales del presentador, que nada más comenzar el programa calificó a RTVE de ser “fiel a su espíritu de servicio público”, lo cierto es que el debate fue posible por obligación de la Junta Electoral, para compensar a los grupos que no formarán parte en el debate a dos del próximo lunes. La Junta Electoral también impuso que el programa se emitiera a las 22:15 y no a la hora inicialmente programada por la cadena, cerca de la medianoche.
El de este miércoles ha sido el único debate en el que van a estar representados todos los partidos con grupo en el Congreso, además de los emergentes Podemos y Ciudadanos. Con un debate de poca duración -apenas 90 minutos-, y un total de nueve representantes políticos para intervenir, no parecía fácil destacar y convertirse en protagonista.
Sin embargo, la figura de Marta Rivera de la Cruz emergió con declaraciones polémicas en todos los temas: sus declaraciones sobre violencia machista, el contrato único, la monarquía o el copago sanitario, llamaron la atención lo suficiente para desviar el foco inicial, que se presumía hacia el candidato del partido en el Gobierno, y girarlo hacia la número tres en la lista de Ciudadanos.
Las redes sociales se hicieron eco mediante el hashtag del programa #elDBT, con Rivera convertida en trending topic antes de finalizar el debate. Otro detalle de la noche ocurrió cuando se perdió el audio del programa durante unos segundos, coincidiendo con la intervención del representante del PSOE, Antonio Hernando, al referirse a los papeles de Bárcenas. Además de Rivera y Hernando, participaron Pablo Casado (PP), Miquel Puig (DiL), Montse Surroca (UDC), Alberto Garzón (UP), Andrés Herzog (UPyD), Íñigo Errejón (Podemos) y Aitor Esteban (PNV).
El programa se dividió en tres bloques temáticos principales: economía, políticas sociales y la soberanía de Cataluña. Cada candidato dispuso de tres minutos por bloque y un minuto final adicional. Tanto el comienzo como la última intervención corrieron a cargo del representante del Partido Popular. El hecho de contar con nueve formaciones diferentes diluyó en parte las confrontaciones directas y los representantes se dedicaron, en el escaso tiempo que dispusieron, a intercalar las propuestas propias con críticas concretas hacia otros partidos.
El representante del partido en el Gobierno, Pablo Casado, apeló a las grandes cifras: el crecimiento del PIB, la creación de un millón de puestos de trabajo en el último año, la revalorización de las pensiones en 3.000 millones de euros y la reducción a la mitad de las listas de dependientes. También dijo que el PP ha parado 45.000 desahucios y dispuesto 1.400 millones en becas para 700.000 alumnos. Se refirió a un plan de inclusión social de más de 136.000 millones de euros para tres años y reivindicó el legado de las víctimas del terrorismo etarra. El diputado del PP se mostró más convincente que la vicepresidenta dos días antes. Miró siempre a cámara y, con el eje de la discusión desplazado hacia los comentarios de Rivera o la cuestión soberanista, emitió sus mensajes con facilidad.
PP y PSOE se interpelaron mutuamente. Hernando se mostró beligerante con la legislatura del Partido Popular, denunció el crecimiento de las desigualdades y la precarización de los salarios. Criticó la reforma laboral del PP y el apoyo de Ciudadanos, así como el contrato único. Fue uno de los más activos criticando la eliminación del agravante por violencia de género, propuesta por Ciudadanos. Cuestionó los datos de Casado en relación a la ley dependencia y la elección de fiscal del Estado y el copago de Ciudadanos. Al igual que Podemos y Unidad Popular, se añadió a la idea de blindar los derechos sociales a través de la Constitución, aunque también se le volvió a recordar al PSOE las diferencias entre su discurso electoral y las decisiones de gobierno posteriores.
En su primera intervención y antes de abordar el tema económico, Alberto Garzón aprovechó para criticar la ausencia de los candidatos del debate del lunes, de la misma manera que estos se quejaron de la ausencia de Rajoy. Criticó el modelo actual de salarios, reivindicó el 15M, la necesidad de una nueva Constitución y la elección entre república y monarquía, a la que criticó por corrupta. Alertó de que la sanidad corre el riesgo de dejar de ser universal, como lo está siendo la educación. También reclamó explícitamente la nacionalización de empresas eléctricas, prevista en su programa.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, al igual que el resto de grupos nacionalistas, centró su discurso en el País Vasco. Defendió el concierto económico, rechazó que fuesen privilegios y los calificó de derechos. Atribuyó la buena marcha de Euskadi, en relación con el resto de comunidades autónomas, a una mejor gestión y a una menor corrupción, además de disponer una alta presión fiscal. Advirtió de que el PNV no está dispuesto a renunciar a sus competencias en Educación y Sanidad, ante los mensajes más centralizadores de grupos como UPyD o Ciudadanos.
Miquel Puig criticó la imposición del déficit a las comunidades autónomas diseñado por el PP. En un discurso similar al del PNV, se mostró contrario a la centralización y sí favorable a copiar "lo que hacen los vascos" y extenderlo en todas partes. De forma encendida, se mostró partidario de no volver a modificar la Ley educativa al menos en dos décadas. En un alarde de sinceridad, el número cinco de la coalición Democràcia i Llibertat reconoció que se habían hecho independentistas “en gran parte por el fracaso de tener un concierto como el vasco”. Por su parte, Montse Surroca, representando al otro partido nacionalista catalán de UDC, hizo hincapié para impulsar la conciliación y políticas de apoyo a las familias. Igualmente, apeló al concierto del País Vasco y Navarra para Cataluña.
Otro de los más activos del debate fue Andrés Herzog, de UPyD. Criticó el modelo de salarios del Partido Popular y el modelo de energía. Dijo que su partido opta por unificar el sistema sanitario y educativo dentro del Estado, afirmaciones que encontraron la oposición en bloque de los miembros nacionalistas. Finalmente, hizo referencia a los partidos emergentes, que tan presentes tienen el tema de la corrupción en su discurso, para que lo llevaran realmente a la práctica.
Podemos se volvió a centrar en las desigualdades. Íñigo Errejón, que no se mostró especialmente combativo, explicó la necesidad de afrontar un proceso constituyente, blindar los derechos sociales a través de la constitución y priorizar el rescate de la gente. Para Podemos, la corrupción del sistema está generalizada. Dibujó un panorama donde los policías entran en la sede del Gobierno y los poderosos compran voluntades a estos partidos políticos, con el fin de apuntalar sus negocios.
Marta Rivera de la Cruz se vio continuamente interpelada por sus declaraciones. Además de su posición minoritaria en la falta de reconocimiento a las particularidades de la violencia machista, también afirmó que es inevitable que existan trabajos mal pagados, encontrando la réplica encendida de Miquel Puig, que apeló a las condiciones de salario digno existentes en Europa. Como el resto de candidatos, se mostró a favor de la dación en pago y anunció la intención de Ciudadanos de crear una ley de segunda oportunidad para emprendedores. Negó estar a favor del copago, a pesar de haberse manifestado a favor previamente. También expresó claramente la intención de su grupo de suprimir las diputaciones y el Senado.