Cataluña
El Constitucional anula la resolución independentista catalana
Por Elena Pedroche
2 min
España02-12-2015
El Tribunal Constitucional en Pleno se ha pronunciado este miércoles sobre la resolución independentista que aprobó el Parlament con los votos de Junts Pel Sí y la CUP. Con uno de los fallos más rápidos de su historia, este tribunal ha dejado sin efecto la declaración aprobada el 9 de noviembre, que instaba a la desobediencia a las instituciones españolas así como a cumplir solo con las leyes aprobadas en el Parlamento catalán.
Los 11 miembros del pleno han coincidido en el veredicto, aceptando el recurso presentado por el Gobierno. El Constitucional admitió a trámite este recurso por unanimidad. Su admisión provocó la suspensión automática de la declaración independentista de forma temporal, por un máximo de cinco meses. En este plazo el tribunal debía decidir sobre el fondo del asunto o si prorrogaba o levantaba la suspensión hasta que haya sentencia.
Los magistrados estudiaron este martes la propuesta de sentencia redactada por el magistrado Andrés Ollero, introduciendo algunos cambios. De esta manera, de la sesión de este miércoles ha salido ya el fallo definitivo. El acuerdo para anular la declaración del Parlament se daba por seguro, pero aún quedaba por despejar la duda de si sería de forma unánime, como finalmente ha sido, o con algún voto discrepante.
El TC ha preferido dejar resuelto este tema antes de las elecciones generales. A pesar de que queda el Pleno oridinario del día 14 de diciembre, el órgano colegiado ha preferido no comunicar su decisión poco antes de la votación del 20D, en la recta final de la campaña electoral.
El fallo definitivo se ha basado en el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y el catalán no puede considerarse independiente a este. El Pleno ha preferido no pronunciarse sobre sancionar o suspender a alguno de los altos cargos del Parlament, tal y como había solicitado el Gobierno central. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los diputados de la Mesa, así como el presidente en funciones, Artur Mas, y los miembros de su Gobierno, se podrían enfrentar a penas de cárcel e inhabilitación si desobedecen al Tribunal Constitucional, así como a multas y suspensiones que el órgano colegiado puede imponer en virtud de la última reforma de la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el tribunal de garantías posee una serie de mecanismos legales para velar por el cumplimiento de sus decisiones, que van desde la imposición de multas hasta la suspensión de los cargos públicos que las ignoren.