INSEGURIDAD

El Gobierno presenta un plan de lucha contra la delincuencia

Por Ana María Riaza3 min

España13-09-2002

El tema trae cola. Convertido en moneda de cambio por los partidos de la oposición, la inseguridad ciudadana parecía uno de los puntos flacos de la política del Gobierno del PP, en esta su segunda legislatura, que ya en un solo año ha hilvanado grandes despliegues militares y huelgas generales por doquier.

El alarmante incremento en casi un 16 por ciento en los últimos 18 meses de la delincuencia en las calles españolas, así como la drástica reducción del cuerpo Nacional de Policía en un total de casi siete mil efectivos a lo largo de los últimos seis años de Gobierno, convertían la inseguridad ciudadana en una patata caliente parlamentaria, que tras el debate sobre el Estado de la Nación parecía convertirse en una línea de política civil, para poco a poco evaporarse con las vagas divagaciones del Gobierno en el mes de agosto, y, finalmente, resurgir como una firme propuesta en esta más que prematura precampaña electoral. De este modo, el pasado jueves, los ministros de Interior y Justicia, Ángel Acebes y José María Michavilla, y el vicepresidente primero y portavoz, Mariano Rajoy, presentaban en el Palacio de la Moncloa este nuevo proyecto contra la inseguridad ciudadana. El programa en sí gira sobre dos ejes: por un lado, un conjunto de reformas legislativas -destinadas a rebajar el número de pequeños delitos, así como de delincuentes multirreincidentes y de bandas organizadas, y que afectarán especialmente al Código Penal y las Leyes de Enjuiciamiento Criminal, del Menor y Extranjería-, y por otro, todo un sistema de medidas operativas, dirigidas a reforzar, de manera efectiva, la seguridad en las calles españolas. La reforma más inmediata vendrá de la mano de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende agilizar los trámites judiciales, de manera que los presuntos delincuentes están el menor tiempo posible en las calles desde que son detenidos hasta su enjuiciamiento. De este modo, los juicios por delitos sencillos habrán de convocarse en un plazo inferior a 15 días, mientras que las faltas lo harán en un espacio temporal inferior a las 48 horas. En lo que se refiere al Código Penal, aprobado en 1995 con abstención del PP, se endurecerá el cumplimiento de condenas hasta el máximo permitido por la Ley. Actualmente, los presos tienen, sea cuál sea su condena, un plazo máximo de 30 años de permanencia en prisión. Sobre estos 30 años se calcula el periodo de obtención de la libertad condicional, una vez se han cumplido las tres cuartas partes de los mismos. Esto supone que un preso condenado a cientos de años de encarcelamiento puede obtener su libertad a los 22 años de su entrada en prisión. Con la reforma del Código Penal, el cálculo de la obtención de la libertad condicional se realizará, no sobre el tope máximo de 30 años que un preso, por Ley, ha de permanecer en prisión, si no sobre el total de su condena. De este modo, si el cómputo total aún superara los 30 años de condena, la libertad condicional no llegaría hasta una vez completas las tres décadas de estancia entre rejas. En lo que respecta a la Ley del Menor, la reforma permitirá que adolescentes de trece años no convivan en los centro de internamiento con jóvenes delincuentes de mas de 21 años, aunque estos delinquieran siendo menores. Claro que la más sorprendente de las reformas viene de la mano de la Ley de Extranjería, que con tan solo 19 meses de vida, establecerá como única resolución judicial ante delitos menores (penas entre seis meses y cinco años) cometidos por extranjeros, la inmediata expulsión del país, sin posibilidad de avistar otras salidas, como el ingreso en prisión o el pago de una multa. Son excepciones, tal y como matizó Acebes en la presentación del proyecto, los delitos de "especial naturaleza" o "especial repercusión social". En lo que se refiere a las medidas operativas, el Gobierno incrementará, entre 2002 y 2004, en 12.845 plazas el cuerpo de Policía, así como en 7.145 el de Guardia Cvil. Del mismo modo, se ha proyectado ya la construcción de al menos tres nuevas cárceles en las que distribuir los casi 45.000 internos de la población reclusa española, que actualmente se alojan en el total de 66 prisiones que integran la red de Instituciones Penitenciarias en España.