El Gobierno vasco no impide la celebración de manifestaciones ilícitas

Por Amalia Casado2 min

España15-09-2002

Una nueva manifestación a favor de Batasuna había sido convocada para el domingo en Bilbao. Garzón la había declarado ilegal. A diferencia del domingo pasado, la Ertzaintza bloqueó la marcha a mitad de recorrido. Que se disolviera sólo fue posible negociando con los abogados participantes de Batasuna. Se dispersarían a cambio de permitir un breve mitin.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, había decidido informar a la Consejería de Interior del Gobierno vasco, a petición del fiscal Jesús Santos, de que la manifestación del sábado era ilícita porque, aunque se convocaba para protestar “contra el recorte de los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación”, el juez Garzón veía en ella una clara actividad orgánica de la organización terrorista. De hecho, la organización de la manifestación estaba asumida por Ana Rosa Sisniega García y José Manuel García Ruiz, vinculados a Ekin y al proyecto de desobediencia civil cuando, según Garzón, Ekin es una estructura integrada en el nivel dirigente del complejo terrorista liderado por ETA, en sustitución de KAS, y que sus máximos responsables están procesados por integración en organización terrorista. El juez considera que el , por el principio de separación de poderes, no puede prohibir una manifestación, y que por ello se dirigió a Interior. Interior evitó prohibir expresamente la manifestación, y se limitó a comunicar a los organizadores que era ilícita, constitutiva de delito y a ordenar a la Ertzaintza que la evitase. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, interpuso entonces un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acusando al Gobierno vasco de inactividad. La sala de lo contencioso –administrativo rechazó el recurso argumentando, al contrario que Garzón pero recurriendo como el juez al principio de separación de poderes, que por el artículo 117 de la Constitución “corresponde hacer ejecutar lo dictado al órgano jurisdiccional que dicta la resolución judicial cuya salvaguarda se invoca”. Distintos miembros del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno de Juan José Ibarrexte defendieron la actitud de Balza. Para Josu Jon Imaz, portavoz del Ejecutivo vasco, la manifestación tenía “legitimidad social” y era “plural”. Para el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y en línea con el lehendakari, cumplir la ley “no significa andar a golpes o dispersar las manifestaciones”. La actitud general del nacionalismo vasco la resumía el propio Balza con una nueva forma de enfocar la aplicación de la ley: aseguraba que “velará por el cumplimiento de la legalidad con racionalidad”, y no prohibirán manifestaciones “para evitar así males mayores”. Las consecuencias de tal actitud en han traducido, desde el pasado 26 de agosto –fecha en la que Garzón dictó el auto de suspensión de las actividades de Batasuna-, en que el Gobierno vasco cerró el 27 de agosto, por la fuerza, sólo 14 de las 74 sedes sociales en que opera Batasuna, y en dos manifestaciones pro Batasuna que, a pesar de ser ilícitas, no han sido prohibidas por el poder Ejecutivo vasco responsable de aplicar la ley.