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PAÍS VASCO

El nacionalismo vasco obstaculiza la suspensión de Batasuna

Fotografía La Ertzaintza desaloja a un manifestante de un acto en apoyo a Batasuna

La Ertzaintza desaloja a un manifestante de un acto en apoyo a Batasuna

Por Amalia CasadoTiempo de lectura3 min
España14-09-2002

El auto de suspensión de las actividades de Batasuna emitido por juez Baltasar Garzón el pasado 26 de agosto parecía no ser suficientemente claro para algunos partidos políticos. En medio de las críticas de los nacionalistas y pro batasunos, Garzón aprovechó el escrito en el que rechazaba el recurso presentado por Batasuna contra el auto para emitir uno nuevo y explicar aquellos puntos que pudieran ser confusos. Y lo envió al parlamento vasco.

En el auto, Garzón instaba a suspender la actividad del grupo parlamentario Batasuna, sea cual sea el nombre que adopte con intención de burlar lo dispuesto. Dicha suspensión significa, según Garzón, privar a Batasuna de las oficinas y subvenciones de que goce, y aclara que no puede afectar, no obstante, a miembros individuales de Batasuna que “ostenten representación popular (Parlamento, Diputación, Juntas Generales, Ayuntamientos) así como a las cantidades que por tales actividades perciben como sueldos o dieta”. Pero sí afecta, puntualiza, “a las actividades que desarrollan como grupo, a la clausura de locales que como tal grupo tengan y a las subvenciones que perciban como grupo”. Garzón ha explicado en varias ocasiones que él, como miembro del Poder Judicial, y por respeto al principio democrático de separación de poderes, no puede ejecutar ni aplicar el auto que dicta, sino que debe dejar en manos del poder correspondiente las medidas concretas para hacerlo efectivo. Deja, así, al arbitrio del parlamento vasco las medidas a adoptar, pero considera “injustificable” el incumplimiento de sus disposiciones. Lejos de la puesta en marcha de lo dispuesto por el juez, varias son las trincheras que los partidos nacionalistas levantan dificultando la suspensión de las actividades de Batasuna. En primer lugar, respecto a la suspensión de la actividad de Batasuna como grupo parlamentario en el Parlamento vasco. La mesa de esta Cámara autonómica decidió, con los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU), esperar una semana más para proceder a la aplicación del auto, y en espera de un informe jurídico de la Cámara. PP y PSE consideran la decisión como un intento de demorar la aplicación del auto. La segunda trinchera se refiere a las manifestaciones pro Batasuna en las que estén implicados miembros del aparato ETA-Ekin-KAS. El Gobierno vasco no prohibió una manifestación en San Sebastián el pasado domingo 8 de septiembre que había sido declarada ilícita por Garzón. El lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, intentaba explicar la actitud recurriendo a la supuesta intención de ETA de generar crispación y división en la sociedad vasca. Ibarretxe se defendía con un “no estoy dispuesto a que el objetivo de los vascos sea rompernos la cara unos a otros”. PP y PSOE respondieron al intento de justificación de Ibarretxe recordándole que la obligación del Gobierno vasco, como poder Ejecutivo, es cumplir y hacer cumplir la ley “con todas sus consecuencias”. Pero esta semana se ha vuelto a producir un episodio similar al no prohibir el Gobierno vasco una manifestación celebrada el sábado en Bilbao que había sido convocada por dos individuos vinculados a Ekin, en la que participaron miembros de Batasuna e históricos de HB, y que había sido declarada ilícita por Garzón. En esta ocasión, el Ejecutivo vasco ha defendido lo que viene llamando un “cumplimiento de la legalidad con racionalidad”, que en la práctica consiste en no prohibir una manifestación ilícita y limitarse a trasladar a los convocantes las disposiciones del juez que los propios nacionalistas no comparten.