DESAFÍO INDEPENDENTISTA

PP, PSC y Ciudadanos quieren retrasar la resolución para no emplear el artículo 155

Por Selene Pisabarro3 min

España31-10-2015

El Gobierno ha advertido de que la resolución independentista de los partidos soberanistas Junts pel Sí y CUP son una “provocación”, por lo que no dudará en emplear las vías judiciales para frenarles. Aun así, espera no tener que llegar a ejecutar el artículo 155 de la Constitución, por lo que el primer paso está siendo reunirse con los secretarios generales de los partidos de la oposición para lograr un nexo común frente al desafío.

El PP, PSC y Ciudadanos han conseguido frenar durante unos días la resolución de la declaración de independencia que registraron Junts pel Sí y la CUP el pasado lunes. Cada partido solicitó por separado a la Mesa de la Cámara que no tramite el documento para que no se inicie el proceso. Esta petición permite ganar tiempo a los tres partidos porque primero se deberán resolver los recurso del PSC y Ciudadanos, por lo que es necesario reunir a la Junta de Portavoces –que todavía no puede porque el PP no ha formado grupo parlamentario-.

Será a partir del cinco de noviembre –la fecha máxima para que todos los grupos estén constituidos obligatoriamente- cuando se reúna la Junta. Esto provocará que se retrase el pleno para aprobar la propuesta secesionista y no sea hasta después del debate de investidura, el día 9. La otra opción, será acudir al Tribunal Constitucional para que paralice, por vía judicial, el empeño de Artur Mas.

Frente a la maniobra de los tres partidos, llega la de Catalunya sí que es Pot, que ha presentado una propuesta de resolución propia en el que pide un referéndum pactado y un plan de emergencia social. En palabras del líder, Lluís Rabell, se trata de una propuesta “para salir del conflicto”.

Recurrir al artículo 155

Si todo falla y el president en funciones, Artur Mas, continúa desafiando al Ejecutivo, éste plantea la posibilidad de recurrir por la vía judicial el recurso si se aprueba en el Parlament catalán ante el Tribunal Constitucional. Existe también otra opción que es política: el artículo 155 de la Constitución que, aunque no define cuáles son “las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”, plantea varias alternativas.

Por una parte, existe la duda de si se refiere a la suspensión de la autonomía, aunque los catedráticos de Derecho Constitucional advierten de que sólo en una pequeña medida. Es decir, el Estado intervendría en Cataluña hasta que se restaurara la legalidad que se exige. Aun así, para llegar hasta el extremo del que la mayoría de los políticos no quieren hablar, habría que pasar por un procedimiento previo.

Es decir, el presidente del Gobierno debe enviar un escrito de requerimiento a su homólogo en la Generalitat en el que explique qué partes ha incumplido de la ley y cuáles son las medidas para restaurarlas, siempre que se funde en el derecho vigente. De esta forma, le exige que devuelva la legalidad a la Comunidad en el plazo que marque. En el caso de que no las acepte, no conteste o sea el Gobierno el que deba ponerlas en marcha, se activaría automáticamente el mecanismo que establece el artículo 155 y que está regulado en el artículo 189 del Reglamento del Senado.

De esta forma, la consecuencia sería que un órgano estatal absorbiese las competencias de la institución autonómica mientras la comunidad continúa en rebeldía. Sin embargo, también se puede acudir a otras medidas como la paralización de la transferencia de fondos estatales o de participación en los ingresos estatales o incluso la sustitución de algunos funcionarios de la administración por otros temporales.