OPERACIÓN PÚNICA

La Púnica: una operación con 92 personas y 3 empresas imputadas

Por Selene Pisabarro2 min

España26-07-2015

92 imputados y cuatro autonomías se han visto salpicadas por una nueva trama de corrupción que se conoció en octubre de 2014 pero que actuaba desde hace más de diez años. Madrid, Valencia, Murcia y Castilla y León se suman a una docena de ayuntamientos que se ven envueltos en el coro de mordidas por contratos públicos que se adjudican a dedo.

El juez que instruye el caso, Eloy Velasco, levantó el secreto de sumario este viernes después de que lo haya prorrogado hasta en nueve ocasiones desde que saltó a la luz. Una red de corrupción en la que eran clave dos personas: el exconsejero, exsenador y exsecretario del PP madrileño, Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. Se trataba de una trama en la que no faltaba ningún campo en el amaño: organización de fiestas, recalificación de suelos, contratación de propaganda institucional, construcción de colegios y la adjudicación de servicios a cambio de un trato de favor, regalos o dinero para los políticos que conseguían y saciaban los deseos de los empresarios.

La operación recibe el nombre de Púnica debido a que el nombre científico del granado –en referencia al político- es púnica granatum. Precisamente, éste se encuentra en prisión desde el 30 de octubre del año pasado por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. También Marjaliza continúa en prisión, según confirmó la Audiencia Nacional en abril por “su importante rol en la trama delictiva”.

Sin embargo, todo surgió al margen de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra Granados y Marjaliza en junio de hace un año porque los dos amigos, junto a sus mujeres, poseían cuentas en un banco de Suiza donde el dinero carecía de un origen justificado. El hilo del que se comenzó a tirar dejaba a la duda que había contrataciones y actuaciones en Valdemoro, donde había sido alcalde Granados hace casi veinte años. Ambos entregaron dinero en efectivo a diversas personas en España entre 2000 y 2012, que luego les ingresaban en sus cuentas de Suiza por un valor de más de 5 millones de euros que nunca llegaron a declarar a Hacienda.

Al juez Velasco no le hizo falta más que los pinchazos telefónicos para descubrir la serie de contrataciones irregulares en las que los dos socios estaban inmersos junto a más personas, hasta un total de 92 imputados a día de hoy. No sólo sucedía dentro del ayuntamiento de Valdemoro, sino que se extendió a otras cuatro comunidades autónomas. Alejandro de Pedro, el número tres de la trama y el conseguidor, tenía contactos con numerosos políticos autonómicos. De esta forma, los usaba para conseguir adjudicaciones de nuevos contratos o incluso para realizar trabajos para algunos de ellos e incluso mejorar la imagen de algunos de ellos en internet.

A día de hoy, entre los imputados hay desde consejeros de la Comunidad de Madrid, el expresidente de la Diputación de León, hasta alcaldes de cuatro comunidades autónomas y concejales. Además, también están implicadas tres sociedades y empresarios. Incluso un guardia civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) y que luego éste advirtió a Marjaliza. Todos siguieron un mismo camino: la adjudicación de contratos públicos fraudulentos y el cobro de comisiones.