Cataluña

La Justicia obliga a incluir el español en la enseñanza catalana

Por Cristina Guzmán2 min

España08-05-2015

El TSJC ha decidido finalmente la proporción de castellano que cursarán los ocho alumnos que habían solicitado la enseñanza en ambas lenguas. Tras numerosas sentencias que instaban a la Generalitat a garantizar que el castellano fuera lengua vehicular para el alumno que lo solicitara y toda su clase. La Generalitat presentará un recurso de reposición, que al derivar en el mismo Tribunal probablemente será rechazado.

El alto Tribunal ha dictado sentencia frente a la inacción del gobierno catalán ante la petición de ocho alumnos de cursar parte de sus estudios en castellano. La decisión de la Sala de lo Contencioso está contenida en cinco autos, que establecen una pauta a seguir en los próximos casos en los que un estudiante solicite la misma medida. Contra la sentencia queda poca posibilidad de recurso, ya que el recurso de reposición que la Generalitat presentará será rechazado por el mismo Tribunal, además la decisión obliga tanto al gobierno catalán como a los directores de los distintos centros a cumplir el mandato en el próximo mes. Si los docentes decidieran no acatar la sentencia se enfrentarían a sanciones económicas e incluso a la apertura de un proceso penal por desobediencia, lo que podría concluir con su inhabilitación.

Los autos reflejan las sentencias ya dictadas previamente por otros tribunales en torno a la cuestión, como el Supremo o el Constitucional. El primero estableció en una sentencia sobre el Estatuto de autonomía que el castellano debía ser lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán, además obligó a la Generalitat a tomar “cuantas medidas sean precisas” para garantizar la integración de ambas lenguas en el sistema educativo. El objetivo de toda esta regulación es que el catalán no se vea desplazado como lengua central del sistema pero que la presencia del castellano no “sea ilusoria o constituya un artificio de mera apariencia”.

El TSJC ha instado a los directores a adoptar “las disposiciones pedagógicas oportunas” para garantizar a estos alumnos un 25% de sus clases en castellano. En la decisión, se han tenido en cuenta los informes enviados por los cinco centros afectados sobre el uso de las lenguas. Además el mismo tribunal ha señalado que esta es la forma más eficaz de que los centros aumente la presencia del castellano, por medio del aparato judicial. La Generalitat por su parte lleva tiempo defendiendo que el conocimiento del castellano y del catalán al final de la educación obligatoria están garantizados, remitiéndose a los resultados de las pruebas académicas de lengua castellana. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, tacha esta polémica de “artificial” y “política”, ya que considera que este es un problema “minoritario”.