SANIDAD

Alonso tumba la reforma de Mato y permitirá la atención primaria para los inmigrantes

Por Selene Pisabarro3 min

Sociedad01-04-2015

Los inmigrantes con situación irregular en España volverán a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS). De esta manera se evitará el colapso en las urgencias, aunque no gozarán de otros derechos en materia de Sanidad como la asistencia de los especialistas médicos. Sin embargo, no recuperarán la tarjeta que se les retiró con la reforma sanitaria de 2012. Así lo anunció este martes el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en una entrevista concedida a la agencia EFE.

Con este nuevo cambio para remendar la política de crisis del Gobierno, Alonso tumba la reforma de 2012 de la anterior titular de la cartera, Ana Mato. Mariano Rajoy ha asegurado que le parece un cambio “sensato y razonable”, del mismo modo en que confía que sea útil ya que el sistema sanitario español es el mejor que existe en Europa.

Alonso ha sido claro a la hora de afirmar que esta medida se llevará a cabo para no “saturar las urgencias”, por cuestiones “de salud pública” y, porque a juicio del Gobierno, carece de sentido que quienes estén indocumentados en España no puedan ser atendidos en Urgencias, como en los últimos tres años. La única excepción que contemplaba esta reforma eran los menores de edad y las embarazadas, que sí tenían derecho a esos servicios sanitarios.

Aun así, el titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha advertido de que está “completamente en contra” de que los inmigrantes tengan unos servicios en Europa que no existen en otro país. Del mismo modo, también ha asegurado que no está a favor de retirar el copago de los medicamentos aunque el Gobierno diga que la economía está remontando. Su explicación es que en España siempre ha habido un gasto en medicamentos muy elevado y por eso es necesario controlarlo.

Más de 870.000 personas residentes en España se han quedado sin cobertura sanitaria desde que entró en vigor el decreto por el que se aprobaban las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en 2012. Así lo ha asegurado la ONG Médicos del Mundo, que ha reclamado durante los últimos tres años al Ejecutivo que retire esta reforma. Incluso lo ha pedido la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en un informe sobre las urgencias hospitalarias que presentó el pasado mes de enero.

Aun así, la ONG de médicos asegura que la reforma de la medida es insuficiente ya que una persona que no tiene tarjeta sanitaria no tiene derecho a un historial clínico ni un médico de referencia, por lo que la prevención y el seguimiento no serán adecuados. Al mismo tiempo, se plantea el problema de qué sucederá con aquellas personas que necesiten ponerse en manos de un especialista, ya que este cambio sólo permitirá acceder a los servicios de urgencias.

Alonso reconoce que hay diferencias entre las distintas comunidades autónomas respecto a los servicios sanitarios, por lo que ha admitido que es necesario que el Consejo Interterritorial tenga un mayor poder de decisiones para poder aprobar acuerdos y estrategias nacionales.

El ministro también ha querido calmar los ánimos debido a que en los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que las enfermeras también puedan prescribir la medicación a los pacientes. Sin embargo, ha sido tajante a la hora de afirmar que “aquí el que prescribe es el que diagnostica”, en una clara alusión a los médicos.

Alonso llegó hace apenas cuatro meses al cargo tras la dimisión de Ana Mato por estar imputada en la trama Gürtel. Muchas voces acusan al Gobierno de estar  tomando decisiones con vistas al año electoral que toca, ya que es la cuarta rectificación del Ejecutivo de Rajoy en los últimos meses a grandes reformas polémicas.

Hace un mes, Sanidad anunció que destinará 727 millones de euros para los 52.000 pacientes que necesitan un tratamiento contra la Hepatitis C. Un cambio que se produce cuando antes solo permitía acceder a él a aquellos que estuvieran en estado crítico. Tras varias semanas de encierros y numerosas peticiones, el propio Rajoy creó un comité de expertos para estudiar el caso y decidió comprometerse a administrar los fármacos.

Además, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda está trabajando en un fondo que financie el gasto autonómico en las farmacias para enfermedades con un tratamiento innovador con un alto presupuesto, pero que no supere el PIB.