Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo pide que se baje el IVA de la luz y el gas

Por Desiree Panadero3 min

Sociedad26-03-2015

La Defensora del Pueblo ha recomendado reflexionar sobre las condiciones en las que se suministra la electricidad y le preocupa el constante incremento del precio de la energía eléctrica. La Defensora del Pueblo ha definido la electricidad como un bien esencial para una vida digna. Becerril ha instado, por segundo año consecutivo, a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, que reduzca el IVA a los suministros básicos de gas y luz.

Soledad Becerril ha presentado el informe anual de actividades de este organismo ante el Pleno del Congreso este jueves. 23.186 quejas han llegado a las oficinas de la institución en 2014. La Defensora del Pueblo ha lamentado la falta de vinculación entre el nivel de renta y las ayudas del bono social. Asegura que hay consumidores de baja renta que no tienen derecho a este bono por no pertenecer a un colectivo determinado, mientras hay otros que se benefician, a pesar de tener unas rentas superiores. Por ello, recomienda revisar el concepto de consumidor vulnerable. Además, apuesta por impulsar medidas de transparencia en los procesos de cambio de contador y en las facturas de la luz.

En su informe anual, la figura del Defensor del Pueblo señala que el nuevo impuesto a los que decidan autogestionar su electricidad, llamado peaje de respaldo, ha ocasionado muchas quejas. La modalidad más frecuente de autogestión energética es la instalación de placas fotovoltaicas.  “No parece estar justificada la imposición de peajes al autoconsumo de energía eléctrica, cuando no hay vertido del excedente de energía no consumida a la red”, expone la institución en su último informe.

Durante el año 2014, se han dado un 2,18% más quejas que en 2013. El borrador del informe ya había sido presentado ante las Cortes a finales de febrero y en él ya se veían los asuntos sociales que preocupan a los ciudadanos que viven en España: la percepción de rentas mínimas o prestaciones por motivos de dependencia, retrasos en la administración de justicia y problemas sobre diversos impuestos.

Estos datos se recogen en el informe anual, referente al año 2014, del Defensor del Pueblo. El artículo 32.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo obliga a éste a dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presenta ante las mismas en periodo ordinario de sesiones. Varios  representantes de partidos secesionistas,  como el de ERC, han criticado varias acciones emprendidas por el Defensor del Pueblo en sus territorios. Por otro lado, distintos grupos han elogiado el incremento de las iniciativas de oficio y  las medidas adoptadas para aumentar la transparencia en sus actuaciones.

Actualmente, la Plataforma Ciudadana para la Investigación Judicial del Sector Eléctrico está llevando a cabo una recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para exigir una auditoria a las compañías eléctricas, algo que jamás se ha hecho en España. El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón. En noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes compañías eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social. Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, según informa la Plataforma Ciudadana para la Investigación Judicial del Sector Eléctrico.

Además, advierten que la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético interpusieron la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si hay prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria, ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que establece el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales en la inversión en este tipo de producción energética.